LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Luengo realizó estas manifestaciones después de que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico le hayan confirmado que, efectivamente, a día de hoy no se ha constituido el aval.
La diputada hizo hincapié en que "la actuación contundente del PSC ante la Fiscalía ha provocado que las entidades bancarias no accedan a constituir el aval, porque, de hacerlo, serán ellas las responsables de devolver el dinero".
Además, resaltó que la acción de los socialistas "ha sido seguida por el presidente del Gobierno frente al vicepresidente, porque, de haber sido por él, ya Tebeto estaría pagado, ya que siempre ha apostado por pagar".
Francisca Luengo afirmó que la acción ante la Fiscalía "ha puesto de manifiesto que la sentencia se basa en unas pruebas que muy probablemente se declaren falsas por la investigación que ha hecho el Gobierno de Canarias en agosto, que han demostrado que en Tebeto no hay traquita y que, por tanto, no vale nada".
Además, aseguró que el PSV siempre "ha tenido muy claro que este asunto era un montaje administrativo para obtener dinero, algo que ha quedado constatado con los sondeos realizados por el Gobierno de Canarias y con la denuncia de los socialistas ante la Fiscalía de la prueba pericial que debilita notablemente la sentencia recaída". Francisca Luengo subrayó que esta situación "ha provocado desconfianza en los bancos y que éstos no cedan porque no tienen la suficiente seguridad como para constituir un aval sobre algo que no cuenta con la necesaria consistencia jurídica y que tendrían que pagar ellos".
Hay que recordar que ya se han cumplido dos meses desde que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la última resolución del caso Tebeto. En ella se aceptaba la petición del Gobierno de Canarias de fraccionar el pago de los 101 millones de euros a los que fue condenado, a cambio de que el empresario propietario de Canteras de Cabo Verde, Rafael Bittini, modificara los términos del aval bancario pertinente para proceder al cobro de la indemnización. Sin embargo, en el TSJC no existe rastro alguno de que el empresario haya logrado modificar las condiciones que en su día le aceptó el Lloyds Bank con sede en Ginebra (Suiza).