Un millar de familias optó a una vivienda social en 2009

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Un total de 1.063 familias firmaron en este año 2009 las escrituras de su vivienda, adjudicada por el Gobierno canario en régimen de alquiler, acogiéndose a las ofertas que hace el Gobierno para facilitar el acceso a la propiedad.

En concreto, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda entregó el título de propiedad a un total de 613 familias que habitaban en distintas promociones de la provincia de Las Palmas y 450 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según informa este departamento en un comunicado de prensa.

Rojas destaca que "en el proceso de este año se ha resuelto el acceso a la propiedad de promociones importantes como Las Remudas y Jinámar, en Telde, Gran Canaria, o como los del municipio de La Matanza y Guía de Isora, en la isla de Tenerife".

Ahora, con la ampliación de plazos, hasta el 4 de mayo de 2010, que contempla el decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda de Canarias, más de 2.000 nuevas familias, inquilinas de determinados grupos de viviendas sociales del Gobierno en régimen de alquiler, podrán solicitar entrar en este proceso de formalización de la propiedad.

Estas familias recibirían del Gobierno una subvención del 50% del precio lo que supone que optan a la compra por un precio medio que ronda los 7.000 y 9.000 euros por una vivienda de tres dormitorios.

De este precio se les descuentan las mensualidades que han abonado durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y además, se les dan facilidades de pago aplazadas que van de los 5 hasta los 25 años.

Las familias están obteniendo la titularidad oficial de su inmueble a través de la normativa de acceso a la propiedad publicada por el Gobierno canario en los últimos años y la oferta que les hace el Gobierno a través del sistema de amortización anticipada.

La responsable canaria de Vivienda, Inés Rojas, destaca que "este proceso de formalización de la propiedad a los inquilinos de viviendas sociales constituye un paso más en la política emprendida por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda para impulsar el acceso a una vivienda digna en propiedad a las familias económicamente más desfavorecidas".

"Gracias a la normativa –explica Rojas– impulsada por el Gobierno canario, las familias adjudicatarias pueden acceder a la propiedad por un precio medio de venta de 7.000 euros por una vivienda de tres dormitorios y con fórmulas de pago aplazadas que van desde los cinco hasta los veinticinco años, en algunos casos".

"Canarias –asegura Rojas- es de las pocas comunidades que construye directamente viviendas destinadas a las personas con menos recursos económicos y mayor dificultad social".

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda, mantiene en las diferentes fases constructivas alrededor de 2.000 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler destinadas a las familias cuyos ingresos no superan los 10.000 euros.

La construcción de estas viviendas se enmarca dentro del programa de Promoción Pública en Alquiler del Plan Canario de Vivienda dirigido a las familias más desfavorecidas del Archipiélago.

Como ha explicado la consejera, a este parque público de viviendas para familias con ingresos inferiores a 10.000 euros anuales, se sumarán en breve las 1.000 viviendas a medio construir adquiridas por el Gobierno canario a los promotores que no podían finalizar la obra y la previsión de 2.000 nuevas, ya construidas, que los promotores podrán incluir por un plazo de dos años en el programa de alquiler por 50 euros al mes.

La consejera aseguró que el Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 es "una potente herramienta para coadyuvar a la crisis desde lo local, porque además de pretender llegar a 135.000 familias, el Plan movilizará 2.800 millones de euros en nuestras Islas, eso significará que en el mercado entrará ese dinero y por lo tanto, además de ofertar una nueva posibilidad de alojamiento a las familias con menos ingresos, crearemos puestos de trabajo".

Este plan de vivienda dispone de financiación de la Comunidad Autónoma y de la Administración estatal.