Hermenéutica y directiva

El Gobierno matrimonia el procedimiento de urgencia y la Directiva Bolkestein para sacarle pulgas de encima al sector turístico

FRANCISCO POMARES Empezó el pleno con una salutación de Antonio Castro a la "amplia y dignísima" representación de la ONCE que visitaba ayer el Parlamento, vaya usted a saber lo amplia que era, por lo menos dos. La cosa es que -en atención a la presencia de los representante de los ciegos (perdón, ahora hay que decir discapacitados visuales) presentes-, Castro anunció que se repartiría el orden del día en alfabeto braille, ya saben, ese sistema basado en una matriz de seis puntos que inventó Luis Braille hace casi dos siglos, y que permite a los ciegos leer con la yema de los dedos. Y fue ése el primer susto de la mañana, pero duró poco, porque luego aclaró el presidente que lo del orden del día en braille era sólo "un gesto simple, pero simbólico", y se supo que dispondríamos todos -señorías, plumíferos y visitantes- de orden del día legible para los videntes.

Armados con la copia en braille, y con el otro orden del día -el de siempre- lo primero fue constatar que ambos son incomprensibles: una demostración más de la voluntad igualitaria de la Cámara y su recta Mesa. En fin, que tocaba empezar con el debate en primera lectura (dícese de aquel en el que se decide si una ley será debatida o no) del proyecto para modificar la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Y el segundo susto era que venía por procedimiento de urgencia, con lo que sus señorías ya estaban a la tarde discutiendo enmiendas parciales por los pasillos, en un caso bastante único en la historia del parlamentarismo local: que en el mismo pleno -de tres días, eso sí- se rechace el rechazo y se entre a saco a enmendar.

El tercer susto fue que tocaba defender la oportunidad del debate nada menos que a la consejera Rita Martín, posicionada ante el provisional y poco hemicircular hemiciclo habilitado por las obras. Las intervenciones de doña Rita son siempre muy atentamente seguidas en la Cámara, quizá porque a doña Rita hay que escucharla con sumo cuidado para entenderla.

Su estilo oratorio obliga a sus señorías a refrescar la hermenéutica, lo que resulta mucho más entretenido que hacer sudokus, como cuando habla Barragán, por ejemplo: interpretar lo que doña Rita entresaca de los textos que lee resulta a veces difícil, dado que la consejera practica con inigualable soltura la dicción sincopada, técnica con la que ayer ilustró sobre la obligada modificación de la "leysieteba rranoven taycinco", fruto de la aplicación de la "direc tivados milseisbarraun dostres", más conocida como "DirectivaBolkes tein", que pretende "avanzarhaciaunauténticomercadointerior".

Lo que el Gobierno quiere, o al menos lo que el Gobierno dice que quiere, es lograr una simplificación de los trámites administrativos que facilite la libertad de establecimiento y de prestación de servicios turísticos, porque eso permitirá "lacreacióndenuevosne gociosdeempleoyriquezas". Pues eso. Doña Rita no dedicó ni un minuto de su apasionada y atropellada intervención a hacerse perdonar por traer al Parlamento un proyecto que -asegura la oposición- vuela la tradición protectiva de la actividad turística. Ella cree que entre la directiva esa y la crisis, ya no resulta justificable el mantenimiento general del actual régimen de autorizaciones turísticas, y que será el libre mercado el que traerá más calidad al turismo. Como a las hipotecas, vaya. Y es que el Gobierno, tirando de las ocurrencias del señor Bolkestein, quiere liquidar el régimen de autorizaciones preceptivas en menos de lo que se tarda en despachar una merienda, justo lo contrario que ya hizo en el pleno de hace dos semanas usando las mismas herramientas europeas, cuando le dio su buen repasito a la Ley de Comercio.

Por eso replicaba Santiago Pérez que el proyecto de ley de doña Rita es parte de una amplia operación legislativa de adaptación a la susodicha directiva, que el Gobierno interpreta como se le antoja y según qué casos: en la Ley de Comercio manteniendo las autorizaciones y en esta planchándolas al biés, lo que demuestra que una directiva comunitaria sirve lo mismo para zurcir un roto que para coser un descosido.

Insistió Santiago Pérez en que el proyecto de doña Rita culmina la derogación de la moratoria, a lo que desde los bancos de doña Rita replicaban con alguna risita, como si fuera con ellos. Y además dijo el socialista que se ha presentado el proyecto en el límite mismo del plazo fijado por la propia directiva europea (las prisas de siempre), y careciendo de un estudio sobre su impacto en las situaciones jurídicas afectadas por la legislación vigente, o las que estén en fase de consolidación o de "litispendencia", palabro que en lenguaje leguleyo (don Santiago fue sacristán antes que fraile), quiere decir las que estén en los Tribunales.

Y venía todo esto a cuento y advertencia de unas declaraciones así como algo chavistas de don Paulino Rivero en los periódicos y un par de días atrás, en las que dejó caer el presidente que él era partidario de "expropiaciones sí, pero de indemnizaciones nunca", un oxímoron nacionalero que incorpora la digresión metafísica de que este Gobierno es capaz de "coger lapas sin mojarse el culo". Ni Rambo.
Luego hablaron Águeda Montelongo y Belén Allende, que también se las trae la herreña para hacerse entender. Y nada nuevo bajo el sol aparte apoyar lo que toca, y recordar lo urgente que es lo que es urgente. Luego se votó: 25 votos de Coalición y el PP, y sólo 16 del PSOE. Si hubieran estado allí todos los diputados socialistas, a la consejera Martín se le habrían atragantado la directiva y el proyecto de ley, y eso que dicen que doña Rita tiene saque. No fue así. Y es que estos del PSOE, sin líder carismático, andan muy perdidos. Y el Gobierno se aprovecha.