SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los parlamentarios canarios saben que la mayoría de sus conciudadanos no tienen ni idea de para qué sirve la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Diputado del Común. Y esa convicción les hace actuar a veces como aquel que piensa que su empresa no tiene mucho futuro y, entonces, para qué se va a molestar en hacer bien su trabajo.
Los tres órganos de control arriba mencionados tienen diferentes funciones, entre las que destacan velar porque los proyectos y proposiciones de ley se ajusten al ordenamiento jurídico; fiscalizar las cuentas de las instituciones públicas e investigar cualquier actuación de las administraciones públicas canarias que vulnere los derechos de las personas.
Es más, cada una de esas tres instituciones tienen sus propias leyes y reglamentos que garantizan su carácter democrático y su obligación de representar bien los intereses de los ciudadanos.
Porque no hay que olvidar que los últimos auditories del sistema son las personas de a pie. La que tiene la última palabra es la sociedad canaria.
Por eso, los ciudadanos deben saber que sus representantes en el Parlamento son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar la Audiencia de Cuentas (dos de sus integrantes están en funciones desde hace más de un año y sigue una plaza vacante), el Diputado del Común (que llevan dos año y diez meses en funciones) y el Consejo Consultivo (con más de tres años en funciones).
Cuando en estos casos prevalece el principio de funcionamiento de una institución pública y se acepta su legalidad, a nadie se le escapa que esta premisa debe tener una corta duración, que debe descongestionarse en un periodo de tiempo razonable, sin llegar a convertirse en años. Se trata de respetar la saludable práctica democrática que cada cuatro años se pone a prueba.
Pero los diputados canarios deben de pensar que vale todo o casi todo en el momento en que a los ciudadanos tampoco les quita el sueño si se renuevan o no los órganos de control adscritos al Parlamento. Y cuando se llega a ese punto, se deja, de alguna manera, de respetar a la ciudadanía. No se puede criminalizar a los miembros de las tres instituciones afectadas por la incapacidad del Parlamento. Ellos (no ellas, ya que no hay ninguna mujer) siguen haciendo su trabajo en funciones. Más bien hay que mirar hacia los diputados enzarzados en luchas partidistas para escalar puestos en sus respectivas formaciones.
Y son solo algunos, ya que los demás sólo obedecen a sus líderes, levantando las manos cuando se les indica en las votaciones plenarias. Es decir, que el Parlamento, a veces, podría reducirse a los presidentes y portavoces de los grupos y así se podría ahorrar muchos sueldos.
Al fin y al cabo, el debate parlamentario no sirve para aunar criterios y esfuerzos con el objetivo de llegar a un acuerdo mayoritario (no de partidos, sino de diputados). El debate moderno sólo se hace para lanzar mítines a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.
Es tan evidente, que no es de extrañar que haya diputados que ya no disimulen su malestar y que confiensen en los pasillos de la Cámara que las decisiones no son tomadas por todo el grupo, sino sólo por unos pocos integrantes del mismo, que a veces sólo se reducen a una o dos personas.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con los candidatos propuestos para relevar al actual Diputado del Común. El del Grupo Parlamentario Socialista no ha sido consensuado por todos sus diputados. Algunos incluso confiesan que se enteraron por los medios de comunicación. También la desidia se apodera de muchos parlamentarios nacionalistas y conservadores, que sólo se limitarán a votar a favor de quienes propongan sus líderes.
Y así, acabará este año y los órganos de control seguirán en funciones. Porque, a pesar de que hay leyes que regulan la renovación de estas tres instituciones, no existe castigo alguno si se incumplen. Bueno, tal vez el de las urnas, cada vez más abstencionsistas.
Y es que no es el único caso en el que el Parlamento es incapaz de estar a la altura del nivel de prestigio que sería exigible. Hay más.
Y si los diputados son incapaces, tampoco hay que olvidar que ni siquiera el presidente del Parlamento, ni el resto de los miembros de la Mesa de la Cámara regional, se libran de su responsabilidad. Algo tendrán que hacer para descongestionar la renovación de los órganos.
