J. ANASTASIO | MADRID
Durante una comparecencia parlamentaria, el jefe de la diplomacia española reveló que el su colega marroquí, Taieb Fassi Fihri, le llamó ese día hacia las 23.00 horas de la noche para ponerle al tanto de la situación y que esa comunicación se repitió al día siguiente, cuando la activista saharaui volaba ya hacia Lanzarote, para confirmarle la deportación.
Negó reiteradamente complicidad con Marruecos en ese proceso y dijo que expresó a su colega marroquí "el rechazo y la condena" de esa actuación, aunque insistió en que el gobierno español no tenía capacidad de rechazar la expulsión. El ministro desgranó ayer en la Comisión de Exteriores del Congreso las actuaciones que desde el primer momento ha llevado a cabo el Gobierno español para resolver la crisis y avaló las actuaciones de la compañía que trasladó a Haidar hasta Lanzarote y de la policía de fronteras que autorizó su entrada en territorio español, que aplicaron correctamente la normativa de aviación civil, la ley de Extranjería y los acuerdos de Schengen.
Admitió que la expulsión por parte marroquí fue política y no administrativa e insistió en la idea de que el acogimiento de la saharaui en España se hizo por motivos humanitarios y para evitar que quedar en el "limbo jurídico", al tiempo que reclamó prudencia. Los grupos parlamentarios consideraron un error la actuación española por aceptar la entrada de la activista contra su voluntad sin la documentación necesaria y criticaron la "tibieza" del Gobierno ante el gobierno marroquí.
Iniciativa en la ONU. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció también una próxima nueva "iniciativa trilateral" de España, Francia y EE UU sobre el Sahara Occidental en la ONU para "superar el estancamiento" de las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Se refirió a la ampliación al campo de los Derechos Humanos del mandato de la Misión de la ONU para la celebración de un referéndum en el territorio (Minurso) para indicar que el Ejecutivo "ya lo intentó" cuando el Consejo de Seguridad prorrogó su vigencia por un año. Dijo que "no se puede garantizar que haya éxito" el próximo 30 de abril, pero el Ejecutivo "va a seguir intentándolo" y que a causa de la huelga de Haidar "puede abordarse con más posibilidades" esa cuestión.
