La Junta se muestra remisa a la fusión de Caja Burgos

M. MANSO-AGENCIAS | PALMA-VALLADOLID
El consejo de administración de la caja balear Sa Nostra aprobó ayer seguir adelante con la ´fusión virtual´ con CajaCanarias y Caja de Navarra mientras la Junta de Castilla y León defendió en primer lugar la integración de Caja Burgos con entidades de ahorro de la propia Comunidad antes de buscar acuerdos con las de otras autonomías, aunque "estudiará" los procesos que se den entre entidades de varias regiones, ya que "no se trata de vetar por vetar". Así lo señaló su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en referencia al anuncio de Caja Burgos de que hoy decidirá en consejo de administración sobre el proceso de fusión con CajaCanarias, Caja Navarra y Sa Nostra.

El presidente de Caja Burgos, José María Arribas, ha informado telefónicamente al vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, de este paso hacia "una fusión virtual o integración", reconoció De Santiago-Juárez, quien insistió en que "lo primero es ordenar internamente el sistema financiero de Castilla y León para reforzarlo" y eso pasa por una integración o fusión de las cajas de la propia Comunidad.

"Una vez fortalecido el sistema regional pueden seguir avanzando", planteó el portavoz, quien reconoció que "le cuesta entender que hace año y medio" las cajas de la Comunidad se opusieran a un modelo de integración que ahora a alguna "le parece bueno". Defendió en este sentido los pasos dados por dos de las seis entidades de ahorro de la Comunidad, Caja España y Caja Duero, para su fusión.

José Antonio de Santiago-Juárez también valoró el paso dado ayer en el Parlamento regional con la reforma de la Ley de las Cajas de Ahorro para introducir la posibilidad de veto a la integración entre entidades financieras, una herramienta legal que permitirá a la Junta autorizar o no estos procesos.

El Banco de España ha exigido a los socios un tamaño mínimo, es decir, unos activos conjuntos de al menos 50.000 millones de euros.

Este requisito lo cumplen de sobra puesto que las cuatro entidades suman casi 60.000 millones de euros en recursos. El máximo órgano regulador también solicita racionalizar los costes, lo que implicaría una "reasignación de puestos de trabajo", informaron fuentes de la negociación. De momento, la reducción de empleos parece descartada.

La integración se traduciría en la creación de una nueva sociedad financiera denominada grupo Banca Cívica, a la que cederían determinadas áreas de negocios y las sucursales ubicadas lejos de sus comunidades de origen.

Las cuatro entidades disponen de oficinas en todas los territorios del Estado menos en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia. Si el proceso llega a buen puerto, se convertirán en la sexta caja española por volumen de activos, con más de mil sucursales repartidas por toda la geografía española, de las cuales, cerca de 150 se emplazan fuera de sus territorios de influencia y, por tanto, serán las mancomunadas.