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EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó ayer que, desde la entrada en vigor el pasado mes de mayo de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, se ha permitido el levantamiento de la supresión de los plazos de 25 modificaciones parciales de planes generales de ordenación, y en consecuencia, su tramitación, en el marco de la medida de agilización del planeamiento territorial y urbanística.
Berriel, que compareció en Comisión Parlamentaria a instancia del Grupo Popular, explicó que, desde la entrada en vigor de esta normativa, han solicitado su tramitación como proyecto de actuación territorial de pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial (es decir, no como instrumento de ordenación sino como actos administrativos que han de ser tramitados por los cabildos) un total de ocho proyectos, uno de los cuales ya estaba presentado en 2008 y que ha reconducido su tramitación .
De la misma manera, expuso que se han presentado 20 proyectos de actuación territorial en lo que va de año, de los que, además, se ha solicitado la tramitación como proyectos de pequeña dimensión de otros seis que se suman a los ocho ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, el consejero aclaró que la tramitación de 20 solicitudes podrá ser derivada a los cabildos insulares.
Dentro del nuevo régimen de suelo rústico, la supresión de la exigencia territorial para aquellas actividades propias de la actividades agrícolas o ganaderas, siempre que no estén prohibidas por los planes insulares, Berriel apuntó que ha permitido "a muchos municipios agilizar las explotaciones agropecuarias y pese a que no se pueden facilitar datos porque su repercusión ha recaído en los municipios, la ley ha ampliado el ámbito de decisión de competencias locales en esta materia".
Asimismo, se han presentado cuatro solicitudes para la implantación de parques eólicos, tres de ellos en Fuerteventura y uno en San Sebastián de La Gomera. También hay cuatro solicitudes, una de ellas ya resuelta, la correspondiente a la implantación del centro educativo bilingüe de La Herradura, en Puerto del Rosario, en base al artículo para la implantación en suelo rústico protegido de infraestructuras, equipamiento y otras dotaciones. En breve, la consejería enviará a los cabildos el protocolo para la regularización de las explotaciones ganaderas.
La "gran coartada"
efe
El diputado socialista Manuel Fajardo Palarea consideró que es difícil evaluar esta normativa en apenas seis o siete meses desde su aprobación, y señaló que la Ley de Medidas Urgentes "no puede servir como la gran coartada de las calificaciones territoriales, para las que se tardaba más de un año".
Asimismo, consideró que "cuanto más clara y más transparente" sea su aplicación "mejor", porque así se podrán evitar "espectáculos como los que se están viviendo en Canarias, que tienen que ver con la ordenación del territorio". También expresó su deseo de que la ley "tenga los beneficios que los miembros del Gobierno anunciaron cuando la aprobaron en cuanto a la dinamización de la economía y al relanzamiento de un sector como el turismo, que viene siendo maltratado desde hace mucho tiempo".
Por su parte, el diputado del PP Jorge Blanco trasladó al consejero la "satisfacción" de su grupo en cuento a la aplicación de esta Ley desde que entró en vigor. Y señaló que si hay algo que destaca de esta normativa "es que se hizo pensando más en los ciudadanos y menos en los funcionarios que la aplican". Desde de las filas nacionalistas, Manuel Fajardo Feo señaló que su grupo hace "una lectura positiva" de la aplicación de la ley y también dijo estar "seguro" de que "se verán satisfechas las necesidades de los ganaderos".
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