Sujetos por el pacto

S.R.B. | SANTA CRUZ DE TENERIFE La recién aprobada Ley Reguladora de la Licencia Comercial es una prueba más de la disciplina de voto que deben acatar los diputados de la Cámara regional y que anteponen a sus propios criterios. El Gobierno se ha salido con la suya pero hay muchas voces críticas. La mayoría viene desde la oposición, pero también entre los diputados que apoyan al Gobierno hay grandes dudas sobre la nueva norma. La ausencia del portavoz del Grupo Popular, Miguel Pérez Cabrera-Camacho, en el momento de la votación el pasado jueves fue toda una declaración pública.

Miguel Pérez Cabrera-Camacho abandonó elPleno del Parlamento del pasado jueves para no tener que votar a favor de la Ley Reguladora de la Licencia Comercial. Hacía tiempo que venía advirtiendo de los aspectos negativos de la nueva norma. La llegó a calificar de "churro" y, aunque siempre ha mantenido una cierta discreción, sí que ha aventurado que esta ley causará indemnizaciones al Gobierno.

El diputado del Partido Popular Miguel Jorge Blanco, que ha defendido la norma, no quiere manifestarse sobre el gesto del portavoz del grupo. No obstante, aclaró que las enmiendas aportadas por su grupo y el de Coalición Canaria no endurecen la norma. Más bien al contrario. "Frente a lo que había antes, se liberalizan muchas más cosas. Mantiene el espíritu de la directiva europea", indica.

Destaca, por ejemplo, la supresión de la disposición que dejaba en manos del consejero de turno la decisión de modificar los horario comercial y los criterios para otorgar ciertas licencias. "Se ha querido hacer caso a las peticiones de algunos sectores para evitar cierta discrecionalidad del Gobierno de Canarias en estos temas,en el buen sentido de la palabra", explica.

También resalta la enmienda in voce que afecta sobre todo a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. De esta forma, los establecimientos que midan 1.250 metros cuadrados no necesitarán pedir licencia previa en Fuerteventura y los que midan 1.650 metros, tampoco deberán solicitarla en Lanzarote. "No significa que a los establecimiento que superen estos metros se les vaya a denegar, sino que deberán tramitar la solicitud de licencia".

En cuanto al rechazo de los socialistas, el diputado señaló que la oposición ha construido su discurso en torno a las competencias de los cabildos. "Entienden que no debería ser el Gobierno el que dé este tipo de licencias, sino los cabildos insulares". Para Miguel Jorge Blanco, esta postura es "respetable", pero no la comparten los socios del Ejecutivo.

Así, la oposición se quedó sola en su crítica a la norma. Los socialistas, contrarios al poder de decisión que esta ley le confiere al Gobierno, aseguran en su enmienda a la totalidad, que existen suficientes argumentos "para la impugnación de las resoluciones y hasta de la propia legislación, y riesgos de sanciones comunitarias y de condenas indemnizatorias que deben ser a toda costa evitados".
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, llegó incluso a insinuar el pasado jueves que su homólogo en el Partido Popular piensa lo mismo que la oposición. No es la primera vez que diputados del PP no están de acuerdo con iniciativas del Gobierno. Manuel Fernández González votó a regañadientes la llamada Ley de Directrices y llegó a decir que "a veces tenemos que mordernos la lengua y votar cosas en el Parlamento que no nos gustan".

Defensa socialista

Si se opta por mantener un régimen de autorización, que module el principio general de liberalización, han de respetarse los criterios de objetividad, no discriminación, publicidad y justificación en razones imperiosas de interés general", asegura el Partido Socialista Canario en su enmienda a la totalidad. Para los socialistas "debe atribuirse a los cabildos insulares la potestad de otorgar o denegar la licencia comercial para la implantación de grandes establecimientos comerciales y centros comerciales, ya que son las instituciones insulares las que ejercen el papel principal a la hora de definir, a través de los planes insulares de ordenación, el modelo de ordenación del territorio y de los recursos naturales de cada Isla y su gestión". "La concesión o denegación de la licencia comercial debe responder a criterios objetivos fijados en el planeamiento insular y, en coherencia con el mismo, en el planeamiento general de los diferentes municipios, debiendo suprimirse los márgenes de discrecionalidad y la profusión de conceptos jurídicos indeterminados en la toma de decisiones que sólo crearán inseguridad jurídica entre la ciudadanía y los agentes económicos", asegura la oposición.