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Cárcel para Bethencourt

El TSJC dictamina cuatro años de reclusión, inhabilitación y pago de indemnización

 
Esteban Bethencourt, durante el juicio con jurado al que fue sometido recientemente.
Esteban Bethencourt, durante el juicio con jurado al que fue sometido recientemente.  Elvira Urquijo (Efe)

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Supremo, pero de momento el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al ex alcalde del municipio gomero de Valle Gran Rey y diputado regional de Coalición Canaria (CC) Esteban Bethencourt a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para cargo público, debiendo pagar las costas del proceso e indemnizar con una cantidad por determinar a la corporación municipal en la cometió el delito.

Se le imputa haber sido "responsable de un delito de malversación de caudales públicos". El TSJC considera probado que Esteban Bethencourt desempeñó el cargo de alcalde sin acogerse a la modalidad de dedicación exclusiva, "optando por percibir su sueldo de profesor de EGB, por lo que no podía percibir retribución o sueldo alguno por parte de la corporación local salvo las cantidades correspondientes por traslado al interior de la isla y fuera del municipio, por lo que podía percibir 35 pesetas por kilómetro si utilizaba vehículo propio, así como los demás gastos que pudieran producirse tales como comida o estancias, cantidades que se abonarían contra la presentación de facturas". Asimismo, por traslado fuera de La Gomera "podía percibir, por cada día, 15.000 pesetas, más los gastos de desplazamiento, hotel, en su caso, y comidas oficiales. Las indemnizaciones por desplazamiento fuera de la isla se reducirían en un 50 por ciento cuando no se pernoctara fuera del domicilio del desplazado". Sin embargo, el ex alcalde "con la intención de obtener un lucro patrimonial para sí, cobró del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en concepto de dietas y gastos de desplazamiento la cantidad de 8.383.000 pesetas, sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, percibiendo en todo caso el 100 % de las dietas, aun cuando no pernoctara fuera de su domicilio, contabilizando entre ellos, sábados, domingos y días festivos", expone el TSJC.

El proceso y esta condena han tenido lugar pese a que, una vez formulada la querella contra Bethencourt y realizada una auditoría, el acusado ingresó en la caja del Ayuntamiento la cantidad de 9.465,095 euros. Además, ante el informe elaborado por la Audiencias de Cuentas, procedió a ingresar otros 10.003,064, y posteriormente 4.776, 070 euros al indicársele la existencia de un nuevo desfase en las cuentas.

Tal y como ya se sabe, lo detraído por Esteban Bethencourt superaba el presupuesto que la corporación local tenía para atención benéfica y asistencial y programas de atención al menor y a la familia.

Además de las dietas que Esteban Bethencourt percibía de Valle Gran Rey, cobró del Parlamento de Canarias en el periodo de tiempo al que nos referimos en concepto de asistencia y dietas en su condición de diputado autonómico 1.120.000 pesetas, si bien no consta la existencia de incompatibilidad para el cobro de dichas cantidades y las percibidas del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando un jurado popular consideró culpable al ex alcalde. Durante el juicio, Bethencourt negó haber cometido delito alguno y aseguró que el dinero que cobró del Ayuntamiento en 1999 le correspondía y que los servicios de intervención del municipio "nunca" le llamaron la atención y siempre aceptaron y firmaron los mandamientos de pago correspondientes a sus dietas.
La Fiscalía había solicitado para él cinco años de cárcel y otros 20 de inhabilitación para cargo público. La acusación particular se ejerció en representación del portavoz del grupo socialista municipal en la época del delito imputado, Alberto Roldán. El jurado se mostró contrario a cualquier indulto en caso de condena.

Roldán, por su parte, ha mostrado su satisfacción por la condena ya que, en su opinión, "deja constancia de que lo público se tiene que respetar", recordando que este ha sido un proceso largo en el tiempo ya que se tardó dos años en lograr el expediente.

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