El Gobierno expropiará si no hay acuerdos en la Moratoria

SARO DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE "Por pedir, cada uno puede pedir lo que quiera", indicó ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, respecto a las reclamaciones dinerarias que están planteando los empresarios que se sienten afectados por la Ley de Medidas Urgentes (Moratoria), pero la intención del Gobierno es que no se planteen indemnizaciones sino que se puedan conceder compensaciones para no tener que ir a efectuar expropiaciones o pagos.

El Ejecutivo canario agotará, en aras del interés público, cualquier vía antes de proceder a indemnizar. Marrero expresó de todos modos sus dudas respecto a que los empresarios puedan tener derecho a las indemnizaciones que han planteado que, en todo caso, "habrá que acreditar".

Marrero indicó que carecía del dato sobre a cuánto ascendería en total el monto de las citadas indemnizaciones e insitió en que "una cosa es lo que piden los empresarios, otra cosa es lo que considere el Gobierno y una tercera cosa será lo que dictaminen en sentencia firme los tribunales de justicia". De este modo, Marrero argumentó que se recorrerán desde las vías del diálogo hasta la actuación judicial antes de producir el quebranto a las arcas públicas que podría suponer pagar indemnizaciones por tal motivo.

Más allá de las reivindicaciones que ya han expresado algunos empresarios turísticos , la intención del Gobierno "es que no haya que plantearse el pago de indemnizaciones". "La ley establece la posibilidad de que quienes consideren que tienen derechos que pueden ser perjudicados por esta normativa tengan la posibilidad de obtener derechos compensatorios para no ir a la segunda vía, que sería la de las indemnizaciones o expropiaciones", explicó. "En primer lugar hay que establecer si esos derechos existen y en segundo lugar, en el caso de que existan, corresponde evaluar los mismos porque no tienen por qué ser las cantidades que reclaman los empresarios". Si éstos optan por no esperar sino por que el suelo que tienen calificado como turístico pase a ser rústico, existe la vía de la idemnización o de la expropiación y lo que se pretende "es llegar a acuerdos sobre las cantidades económicas que el Gobierno considere que hacen prevalecer el interés general sobre el particular". "Si esto no fuera posible, el Gobierno recurriría a la expropiación, pero en principio la voluntad es la de negociar siempre que se acredite el quebranto". "La expropiación es la última opción posible, y es tan compleja como cualquier otro mecanismo, pero los procedimientos están establecidos en nuestra legislación y en caso de desacuerdo existe una comisión que valora el justiprecio", añadió.