´El funcionario que no cumpla, ganará menos´

ALEJANDRO ZABALETA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- Más allá de los datos sobre el absentismo de los funcionarios de Educación, que su Gobierno ha aportado en los últimos días, ¿hay datos referidos a toda la Administración autonómica?

- Hemos contratado un estudio para valorar el absentismo, que es paralelo a su vez a unos datos que proporcionan nuestras unidades médicas. La Consejería de Presidencia constituyó hace dos años una unidad médica específica que hace un seguimiento de las bajas en la Administración general y en Justicia, porque Sanidad y Educación tienen sus propias inspecciones. Los datos que se han vertido públicamente en los últimos días tienen naturaleza económica, son los que maneja Hacienda en relación con el gasto por las incapacidades laborales transitorias, y específicamente para Educación. Son datos que provienen de los créditos que Hacienda tiene para las sustituciones. Todavía no está elaborado el estudio elaborado, pero el pasado lunes, en la Mesa General de Empleados Públicos, pactamos con los sindicatos constituir una comisión para, cuando tengamos los datos en la mano, valorar el absentismo de los funcionarios, sus causas y en su caso las medidas para disminuirlo.

- El Gobierno ha alentado un debate público sobre este tema, criticado por los sindicatos. ¿Queda ya cerrado?

- Creemos que es un tema que ya está lo suficientemente debatido, lo que procede ahora es que los estudios que se han encargado sigan su curso ordinario y que con la comisión estemos pronto en condiciones de tomar las medidas que sean necesarias. En paralelo se están haciendo otras cosas. Se ha decidido la constitución de esas unidades médicas y también se han previsto decisiones en torno al control de presencia horaria con el sistema llamado ficho. Es importante que los estudios culminen para que se hagan con rigor, porque es injusto que hagamos juicios genéricos a los funcionarios sin precisar. Aunque el absentismo alcanzara el 15%, hay otro 85% que sufre después el juicio global de que los funcionarios no trabajan, cuando hay mucha gente que trabaja y hace un buen servicio público.

- ¿Cuáles serían las ratios de absentismo deseables en el colectivo de funcionarios?

- Normalmente cuando las inspecciones médicas citan a un conjunto de funcionarios que están de baja, después de revisar se pueden producir altas de en torno a un 10% respecto de las personas examinadas. Son altas que las inspecciones pueden dar por ley. Hablamos siempre de datos provisionales, que conocemos y se refieren a la Administración General y de Justicia, no a Sanidad o Educación. En cuanto a las ratios, dependen de los regímenes. En la Administración General, el absentismo no debería superar el 5%, en la docente podría estar en torno a un 7% o un 7,5%. Son tipologías distintas. No es lo mismo un profesor que se enfrenta diariamente e un grupo de alumnos de Secundaria que un profesional que se sienta a hacer un trabajo de otra naturaleza en la Administración General. Por tanto, no se pueden establecer patrones unitarios. En la Administración sanitaria depende también de la tipología de profesiones, desde el médico que hace varias operaciones al día al celador, que hace otro tipo de trabajo. El absentismo en este departamento podría moverse entre el de Educación y el de la Administración General.

- ¿Qué propuestas pretende plantear el Gobierno para frenar el absentismo?

- La modernización de la Administración Pública necesita al empleado público como dinamizador del cambio, y eso requiere que se premie a los buenos y se censure a los malos, a los que no cumplen. Esto es lo importante. En la nueva Ley de la Función Pública habrá un tema, que ya introduce el Estatuto Básico de la Función Pública a nivel de Estado, que se denomina evaluación para el desempeño de cada puesto de trabajo. En las condiciones de la evaluación para el desempeño se tienen en cuenta, entre otros factores, el del absentismo. De tal manera que aquellas personas con un absentismo elevado van a sufrir merma en sus retribuciones frente a aquellos que, sin embargo, cumplen. Todo es un proceso que debe caminar con normalidad, en el cual se ha avanzado algo en los dos últimos años. Por tanto el debate es positivo desde el punto de vista de que se sepa que es un asunto de interés público. Pero lo importante ahora es meterlo en la senda del rigor con el estudio que se está realizando y con el examen que Administración y sindicatos haremos en esa comisión que hemos decidido crear.

- ¿Eso supondrá vincular los pluses de productividad al absentismo?

- El concepto de productividad no se paga en la Administración canaria. Lo tenemos a cero, el concepto existe pero no hay crédito para pagarlo. Se cambia ese modelo por el de la evaluación para el desempeño. Una persona va a ser evaluada en relación con el desempeño de su puesto de trabajo por distintos parámetros, entre ello el cumplimiento de su trabajo frente al absentismo. Eso, a medio plazo, es el futuro de la función pública, y podría ocasionar incluso la movilidad del puesto y decisiones de otra naturaleza. Nos hemos comprometido a presentar un proyecto de Ley de Función Pública Canaria, pues la nuestra es del año 87, está muy desfasada y tiene que ser derogada. El acuerdo al que lleguemos con los sindicatos servirá de base para establecer las ahí las sanciones que deban imponerse a quien no cumpla con su trabajo. Aquellas personas que tienen dedicación y responden al servicio público deben ver mejorada su situación, y las que no cumplan, que pierdan retribuciones. El que cumpla ganará más, y el que no cumpla, ganará menos.