Desaparece de Venezuela el presidente del Banco Canarias

Álvaro Gorrín, de origen isleño, es investigado por un supuesto fraude que sentenció a la entidad

 
Álvaro Gorrín Ramos (derecha), el inversionista de origen canario y presidente del Banco Canarias que busca la Policía de Venezuela, en un acto social en Caracas junto a su esposa y un allegado.
Álvaro Gorrín Ramos (derecha), el inversionista de origen canario y presidente del Banco Canarias que busca la Policía de Venezuela, en un acto social en Caracas junto a su esposa y un allegado. la opinión

DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Policía venezolana, por orden de la Fiscalía, busca desde ayer al empresario de origen isleño Álvaro Gorrín Ramos, presidente del Banco Canarias, entidad que ha sido intervenida por orden del Gobierno de Hugo Chávez. Gorrín Ramos habría abandonado ilegalmente Venezuela a bordo de su yate de lujo Lola (por el nombre de su esposa). Según la hipótesis del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas de Vargas, consultadas por el diario El Universal, el paradero del empresario de ascendencia canaria se pierde en la partida de su yate entre la noche del martes y ayer de la marina del Club Puerto Azul de Vargas, a las afueras de Caracas, a donde acudió el martes acompañado por su esposa y otros dos familiares.

Sobre Gorrín, así como sobre otros 15 directivos de otros bancos intervenidos por el Estado aparte del Banco Canarias, pesa una prohibición de salida del país emitida por la Fiscalía. Gorrín está siendo investigado por un supuesto fraude que estaría detrás de la intervención de la entidad bancaria, que ha afectado a una cantidad importante de emigrantes procedentes del Archipiélago, 6.920 porque recibían a través de sus oficinas las ayudas anuales del Gobierno de Canarias y una cantidad importante sin determinar que poseían allí sus cuentas.

Álvaro Gorrín Ramos, además propietario del Banco Central Dominicano (de República Dominicana) y de Seguros Canarias de Venezuela, fue interrogado el pasado 27 de noviembre por la Fiscalía en torno a una investigación que afecta a otros empresarios. Los fiscales del caso imputaron ante los tribunales a Ricardo Fernández Barrueco, que se había hecho recientemente con una mayoría de acciones de Banco Canarias, como "cooperador inmediato en la distracción de recursos de los ahorristas y apropiación indebida de créditos, además de asociación para delinquir", según un comunicado de la Fiscalía.

Intervención. El Gobierno anunció el 20 de noviembre que intervenía los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y BanPro por incumplir las normas del sistema en cuanto a índice de solvencia, carteras de crédito y aumentos de capital. Ese mismo día fue detenido Ricardo Fernández, uno de los mayores accionistas de estos cuatro bancos. Las pesquisas apuntan a relaciones económicas estrechas entre Fernández y Gorrín, aunque no se ha precisado cuál es esa relación y si el empresario de ascendencia canaria, ahora en paradero desconocido y buscado por la Policía, también estaría relacionado con el presunto fraude que forzó al Ejecutivo de Hugo Chávez a cerrar las oficinas de Banco Canarias.

Garantizadas las ayudas a los isleños

La Opinión

El Gobierno de Canarias asegura que los emigrantes canarios beneficiarios de las Ayudas por Razones de Urgente Necesidad podrán comenzar a hacer efectivo su cobro de manera inminente, una vez que el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) de Venezuela concrete, en colaboración con las autoridades canarias, el sistema más eficaz para proceder al pago de las mismas.

La decisión, anunciada ayer por el presidente de Fogade a la Delegación del Gobierno en Caracas, permite desbloquear los 2,9 millones de euros que el Gobierno de Canarias había depositado en el Banco Canario Venezolano para proceder al pago de la ayuda económica que cada año se concede a los emigrantes canarios que se encuentran en situación de extrema necesidad, bien por razones de salud o por cuestiones de tipo económico.

De acuerdo con los requisitos recogidos en la convocatoria, el Gobierno acordó este año conceder ayudas económicas a 6.920 canarios residentes en los diferentes Estados de Venezuela que podían hacer efectivo su cobro en el plazo de 20 días a partir de la fecha en la que recibían el cheque.

La intervención del Banco Canario Venezolano impidió cobrar las ayudas.

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