DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El debate parlamentario sobre qué hacer con la indemnización de 103 millones de euros por el caso Tebeto se ha vuelto tan farragoso e intransitable como el propio expediente en sí. Los parlamentarios del pacto CC-PP y la oposición del PSC volvieron a coincidir ayer, en el pleno del Parlamento, en que hay que hacer todo lo posible por impedir el pago de la compensación a Canteras Cabo Verde por los derechos de explotación minera de la montaña de Fuerteventura, pero también repitieron trifulca verbal sobre quién tuvo la culpa: el PSC en 1993, cuando el Gobierno de Saavedra dio por caducado el expediente de concesión; o el PP en 2004, cuando bajo la gestión del consejero de Industria, Luis Soria, se devolvieron los derechos de explotación a la empresa.
El pacto rechazó ayer en peso la proposición no de ley (PNL) del PSC de anular la concesión de explotación minera de la montaña de Tebeto, decidida en 2004, para evitar nuevas peticiones de compensación de Canteras Cabo Verde. En el camino sobresalieron acusaciones e insultos: el PP acusó al PSC de haber llamado "payaso" a Soria, de plantear "majaderías" y de necesitar "tratamiento psiquiátrico"; el PSC acusó al Gobierno de "favorecer los intereses privados" y de estar inmerso en investigaciones judiciales cuando se tomaron decisiones vitales sobre Tebeto. Los parlamentarios también protagonizaron discusiones subidas de tono sobre los turnos de réplica y el presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobez, volvió a enfadarse, incapaz por momentos de poner orden. "Si no lo hago mejor, ya saben lo que tienen que hacer", llegó a decir Castro Cordobez.
No faltó el ripio que más repite últimamente el portavoz de los populares, Miguel Cabrera Pérez-Camacho –"en enero del noventa y tres, todo se hacía al revés"–, ni un nuevo enfrentamiento, esta vez sin poesías machistas, entre Pérez-Camacho y la diputada socialista Francisca Luengo, acusada por el pacto del estropicio del caso Tebeto pues ella fue la funcionaria responsable de la declaración de caducidad de los derechos de Canteras Cabo Verde en 1993, uno de los hechos vitales para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias fallara a favor de la indemnización multimillonaria.
Tanto Camacho como el portavoz de CC, José Miguel Barragán, consideraron "inoportuna" y "fuera de lugar" la PNL, pues ahora todo depende de la decisión del Tribunal Supremo sobre los dos recursos elevados por la comunidad autónoma. Sin embargo, Luengo acusó al Gobierno de "escurrir el bulto", cuando prometió que iba a hacer todo lo posible por frenar semejante golpe a las arcas públicas, y advirtió de que si no se retiraba la concesión de 2004, la empresa de Rafael Bittini quedaría en la disposición de volver a recurrir a la Justicia si finalmente el Supremo no subsana la sentencia del TSJC de hacer efectivo el pago de los 103 millones de euros.
Los socialistas recordaron que la sentencia que fijó la indemnización ya llamó textualmente "hito" en todo el largo expediente la concesión de los derechos a Bittini, aunque CC y PP recordaron que el entonces consejero popular Luis Soria tomó esta decisión obligado por dos sentencias previas, una del TSJC y otra del Supremo.
La (mala) costumbre de sus señorías. Canarias
