El PSC cuestiona quién juzga los casos urbanísticos

SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El diputado socialista Manuel Fajardo Palarea aconsejó ayer al Gobierno de Canarias que estudie si los procesos judiciales relacionados con la ordenación del territorio y el medio ambiente, por los que se enfrenta a indemnizaciones millonarias, están siendo llevados por la sección adecuada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según Fajardo Palarea, en base al reparto de secciones que viene determinado en el acuerdo de 22 de enero de 2001 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, "podríamos estar hablando de la posible violación del derecho al juez predeterminado por la ley".

El parlamentario recordó que el caso de Montaña Roja, en Lanzarote, fue llevado por la sección segunda de la Sala, la cual rebajó a tres millones la indemnización que se pedía inicialmente al Gobierno, que superaba los cien millones.

Por eso invitó al Ejecutivo a estudiar el motivo por el que las demás sentencias están siendo dictadas por la sección primera de la Sala.
Según el citado acuerdo de 22 de enero de 2001, la sección primera lleva, entre otras materias, la de responsabilidad patrimonial y la sección segunda los asuntos de urbanismo (planeamiento, gestión y disciplina), entre otros.

El consejero de Justicia, José Miguel Ruano, no hizo alusión alguna a esta sugerencia durante su intervención en el Pleno y tampoco una vez fuera del Parlamento.

Por su parte, el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, sólo adelantó: "Vamos a ver qué de real tiene esto".
Minutos antes, durante el debate a propósito de los procesos judiciales abiertos, Ruano recordó que la mayor parte de ellos tienen su origen en la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo en Canarias aprobada en 2003, más conocida como Ley de Moratoria Turística.

El consejero recordó que esta norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias y que en materia de conservación del territorio ha resultado positiva.

Asimismo, informó que los procesos judiciales ganados inicialmente por el Gobierno evitarían tener que pagar más de 800 millones de euros a los recurrentes (Veneguera, El Puertito de Adeje, Barranco de Tauro, Ramiterra, Bristol Lake y Puerto Rico).

En cuanto a los recursos contra el Gobierno que sí han sido admitidos por los tribunales (los de Montaña Rayada, Canteras de CaboVerde, Lopesan, Dehesa de Jandia, Félix Santiago Melián, Centro Helioterápico de Canarias y Arthur Steiger), Ruano recordó que están recurridos ante el Tribunal Supremo y que el Ejecutivo está trabajando por el interés general. El consejero señaló que "algunas reflexiones de las sentencias son rechazables y las combatiremos".

Por ejemplo, y en cuanto a la de Tebeto (Fuerteventura), la calificó de "absolutamente impresentable".

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Cristina Tavío apoyó la acción gubernamental y aseguró que "se va a pelear hasta el final y a mirar con lupa las indemnizaciones desproporcionadas y disparatadas".

También recordó que, cuando se aprobó la Ley de la Moratoria Turística, los grupos ya vaticinaron que provocaría indemnizaciones "porque estábamos limitando derechos". Sin embargo, añadió que esa ley "era la menos mala de las soluciones que se podían tomar entonces".

El presidente del Grupo de Coalición Canaria, José Miguel González, indicó que la moratoria turística de 2003 se aprobó después de dos años de debate y que el problema "no está en la suspensión" de las actuaciones urbanísticas, sino en que "suspendimos sine die y eso fue un error de todos".

Posibles recusaciones. En su segundo turno, el socialista Manuel Fajardo Palarea opinó que el Gobierno de Canarias está mostrando más interés en defender los derechos de los ciudadanos que hace un tiempo.

Incluso que el Ejecutivo, "que antes no cuestionaba la imparcialidad de los jueces", ahora se plantea "recusaciones contra jueces que podrían tener animadversión al Gobierno".

El diputado de la oposición instó al consenso entre los grupos parlamentarios para que "litigar contra la comunidad autónoma no sea un chollo", ya que, añadió, "no puede convertirse en un nuevo dorado para ciertos propietarios".