Cisneros dice que el objetivo de la ley es frenar los recursos judiciales

R. ACOSTA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Francisco Javier Jiménez de Cisneros, uno de los principales redactores de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo, confirmó ayer que la norma tuvo su germen en la necesidad de buscar alternativas para los empresarios que frenaran las demandas ante los tribunales como consecuencia de la moratoria vigente desde hace seis años. La moratoria anterior había dejado la puerta abierta a que la Justicia fallara a favor de las indemnizaciones solicitadas por las empresas afectadas.

No obstante, Jiménez de Cisneros puntualizó que su participación en la redacción de la Ley de Medidas Urgentes se centró más en la autonomía local en el marco del planeamiento urbanístico.

En su opinión, la normativa, que entró en vigor hace seis meses, no supone una invasión competencial de la autonomía local por parte de la Comunidad Autónoma, a pesar de que la Administración regional se arroga nuevas facultades en relación con el planificación urbanística municipal. Esta situación fue denunciada en su momento por la oposición socialista y algunos ayuntamientos y cabildos.

La ley ofrece la potestad al Ejecutivo regional para aprobar planes generales de ordenación municipal cuando los ayuntamientos aún no hayan adaptado los suyos a las normativas vigentes, así como la facultad de aprobar planes parciales sin que se hayan resuelto con anterioridad las adaptaciones de los planeamientos municipales. Las corporaciones locales siguen siendo decisivas en el planeamiento, defiende el experto en Derecho Administrativo, ya que la Comunidad sólo lo hará por motivos excepcionales.