D. RIVERO-R. ACOSTA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se mostró ayer tajante al asegurar que su Ejecutivo no va desembolsar "ni un euro" por las reclamaciones que han presentado los empresarios en concepto de indemnizaciones por la segunda moratoria turística. Rivero insistió en buscar la vía del acuerdo, el consenso y el entendimiento con los empresarios para evitar el pago de indemnizaciones. Aseguró que el Gobierno respeta los derechos de los empresarios pero advirtió que "van a trabajar sin descanso para no pagar un solo euro de las compensaciones que están exigiendo".
Dijo también que se va a evaluar "con tranquilidad" si ha existido algún daño económico a los empresarios y afirmó que el Gobierno llevará a cabo una defensa "proactiva" de sus intereses frente a las reclamaciones privadas. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados a esperar que los tribunales nos condenen a pagar indemnizaciones", aseguró.
En este sentido, las reclamaciones que han presentado las empresas ante la Comunidad Autónoma solicitando ser indemnizadas por no poder edificar en terrenos de uso turístico afectan a un mínimo de 25.000 camas en Gran Canaria, en una extensión total de 1,4 millones de metros cuadrados. Por estas plazas turísticas los empresarios solicitan unos 800 millones de euros de compensación por los derechos urbanísticos consolidados que se han visto frenados por la moratoria que entró en vigor en 2003 y que la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo mantiene cinco años más.
Entre los proyectos previstos por las empresas reclamantes figuran 19.000 camas en varios complejos alojativos en una superficie total de 1,1 millones de metros cuadrados en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Además hay dos proyectos más de 3.200 camas en 200.000 metros cuadrados en Mogán y otro de un hotel de 1.000 plazas en 70.000 metros.
Sin embargo, estas 25.000 camas son sólo una parte de las plazas que se vieron directamente afectadas en 2003 cuando entraron en vigor las Directrices de Ordenación General y del Turismo.
En aquel momento los planes sectoriales que estaban sin desarrollar podían albergar a más de 400.000 camas turísticas. De un plumazo el Ejecutivo desclasificó 7.000 hectáreas (70 millones de metros cuadrados) y eliminó la posibilidad de construir cerca de 250.000 plazas en terrenos que sólo disponían de la calificación pero no tenían los derechos urbanísticos consolidados. En aquel momento se dejaron fuera del planeamiento 213 planes sectoriales.
Tras esta actuación del Gobierno quedaron aún terrenos que sí tenían sus derechos y que, según los cálculos realizados por la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, pueden albergar a unas 300.000 camas más.
Ocho planes suspendidos
Entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán hay al menos ocho proyectos de cierto calado que quedaron en suspenso por la moratoria turística. En el caso de San Bartolomé figuran Las Mujeres, Montaña Arena, un sector de Meloneras, Pescadores o Pasito Blanco. En el municipio de Mogán quedaron paralizados proyectos en Medio Almud, Los Frailes o Catanga.
Gran Canaria ha sido la isla más afectada por las miles de camas con licencia en suelo turístico consolidado que se paralizaron por la Ley de Directrices y que la Ley de Medidas Urgentes ha provocado por cinco años más. Ni siquiera el Ejecutivo regional tiene claro cuántas plazas quedaron con los derechos urbanísticos consolidados y será ahora con las reclamaciones administrativas presentadas por las empresas afectadas cuando la Consejería de Medio Ambiente tendrá que entrar en el detalle de los suelos afectados para así evaluar el alcance real de las indemnizaciones.
