Los empresarios reclaman 836 millones por la moratoria

RUBÉN ACOSTA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Las indemnizaciones solicitadas por las empresas al Gobierno por no poder edificar en terrenos clasificados como de uso turístico debido a la segunda moratoria suman al menos 836 millones de euros sólo en Gran Canaria, donde se concentran la mayoría. A los 550 millones que solicita Lopesan habría que añadir 230 por parte de Santana Cazorla, 35 millones de Aldiana y 21 de Satocan.

El Ejecutivo confirmó ayer que al menos una docena de empresas han presentado reclamaciones para que se les reconozca el derecho a ser indemnizadas tal y como establece la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo.

Además de las sociedades ya citadas hay otras como Seaside o Puerto Rico SA que también presentaron reclamaciones por terrenos situados en Gran Canaria, además de otras de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

El Ejecutivo regional defendió ayer lo que contiene la norma aprobada hace seis meses porque establece mecanismos y alternativas para evitar una "cascada" de indemnizaciones en los tribunales como ha pasado con la anterior moratoria.

El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, recordó que entre los instrumentos de los que puede hacer uso la Comunidad Autónoma figura la expropiación forzosa. Marrero indicó que el Ejecutivo ya había previsto un escenario de este tipo debido a las importantes bolsas de suelo turístico que no fueron desclasificadas por las Directrices de 2003 y por eso estableció la opción de la expropiación y otras dos alternativas para que los empresarios afectados pudieran hacer uso de esos terrenos.

Tanto el portavoz del Ejecutivo como el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, cuestionaron las cuantías establecidas por las empresas en sus reclamaciones.

En estos momentos las posibles cantidades que se reclaman son fruto "de los cálculos de ellos" dijo Marrero, mientras que Berriel dijo que "mucho hay que justificar por parte de los solicitantes para llegar a esas valoraciones".

El plazo establecido por la ley finalizó el pasado viernes y Berriel duda que todas las peticiones hayan llegado a la Consejería que dirige, por lo que mostró su cautela ya que ahora se abre un procedimiento en el que el Ejecutivo tendrá que calcular cuánto suelo hay con derechos consolidados, su valoración, cambios en el planeamiento y la posibilidad de la expropiación.