SANTIAGO DÍAZ BRAVO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Nada mejor que mostrar una acera recién adoquinada, un parque acabante de arbolar o un polideportivo con el hormigón de la techumbre aún fresco para convencer a los vecinos de la valía de quienes gestionan los asuntos públicos, y por ende de la conveniencia de que tales personajes permanezcan cuatro años más en sus poltronas. Pero la memoria del elector, bombardeada de forma insistente por decenas, cientos, miles de mensajes que tienen su origen tanto en el universo personal como en los cada vez más poderosos medios de comunicación, es débil, y por ello influenciable. Tanto es así que el manual del perfecto político profesional establece que las inauguraciones deben llevarse a cabo pocas fechas antes de la cita electoral, siempre con el ánimo de evitar cualquier tipo de duda entre la ciudadanía. Con todo, y para disgusto de los mandamases, el escenario empieza a cambiar, aunque no tanto por el abandono de una práctica que ha terminado por enraizar en los usos y costumbres de la política española, sino porque la crisis ha mermado hasta extremos poco previsibles hace unos años las arcas de las administraciones públicas. Muchos presidentes, alcaldes y concejales acabarán el mandato sin una inauguración de relumbrón que echarse a la boca.
Y es que un cargo público, gestione mejor o peor los asuntos sanitarios, por citar un ejemplo, contará con tantos argumentos a favor de sus decisiones como los que podrán exhibir sus críticos. Todo dependerá del cristal con el que se mire, de tal forma que al elector, por lo general más interesado en el Carrusel Deportivo y el devenir de la familia Ubrique que en el concienzudo análisis de la actualidad, no le quedará otra alternativa que guiarse por sus instintos y simpatías para decantarse por una determinada opción. Pero si ese mismo cargo público inaugura un centro de salud con su correspondiente placa conmemorativa y, condición sine qua non, la presencia de cámaras que dejen constancia del hecho, el vecino podrá admirar tales instalaciones, puede que tocarlas, y si las listas de espera lo permiten ser atendido en ellas en unos pocos meses.
En un universo de declaraciones encontradas donde lo que para unos es blanco, para otros es negro, y viceversa, la materialización de las obras públicas se convierte en uno de los signos más fiables de una cuando menos aceptable gestión política, en cualquier caso capaz de hacer que el elector llegue a la conclusión de que siempre será mejor lo regular conocido que lo bueno por conocer. Los ladrillos se han tornado en decisiones políticas tangibles, y como tales en una de las principales arma para ganarse el favor de la opinión pública.
El cumplimiento de los tempos se suele tomar tan a rajatabla que en ocasiones, cuando una obra se retrasa, la administración responsable de la misma, temerosa de que el rédito político se pierda en el olvido, o aún peor, de que la oposición acabe por adueñarse de la autoría intelectual, pone en práctica toda suerte de fórmulas para dejar las cosas claras. En el caso de Tenerife, acaso el principal ejemplo lo haya constituido el Auditorio diseñado por Santiago Calatrava en la capital, que fue "presentado" en sociedad poco antes de las elecciones del 25 de mayo de 2003 ante la imposibilidad de que fuese inaugurado a tiempo. El efecto logrado fue el mismo: decenas de imágenes de sus promotores junto al magno edificio que habían legado a los tinerfeños.
Pero la crisis financiera que lastra la inversión pública, que tanto se está dejando sentir en los presupuestos autonómicos del presente año y lo hará aún más en los de 2010, con una reducción de nada menos que 70 millones de euros y que afectará no sólo a la administración de la Comunidad autónoma, sino también a cabildos y ayuntamientos, ha obligado a desechar la materialización de no pocas promesas electorales y supondrá un duro golpe para la clase política cuando llegue el momento de rendir cuentas. La situación se torna aún más complicada en islas donde la inversión pública se concentra en unos pocos proyectos, cuando no en la edificación de sedes administrativas difícilmente "vendibles".
Pero a pesar de su importancia, la tarjeta de visita de un gobierno no se limita a las obras públicas. La sanidad, la educación y la seguridad ciudadana son los otros termómetros que, por evidentes y cercanos, resultan más fiables desde un punto de vista ciudadano a la hora de evaluar la gestión. En el caso de la sanidad, las cuentas autonómicas para 2010 son benévolas dentro del retroceso general, toda vez que la caída presupuestaria se limita a poco menos de un 2 por ciento. Pero aunque los responsables de elaborar el proyecto de ley de Presupuestos se jacten de su sensibilidad hacia ese área, una actitud que en cualquier caso podría ponerse en duda si se comparan los presupuestos canarios con los de comunidades autónomas donde el gasto sanitario, a pesar del recorte general, llega incluso a subir, tales son los casos de Madrid (1,7 por ciento), Valencia (1,1 por ciento) o Castilla-La Mancha (9,1 por ciento), lo cierto es que la carga presupuestaria del Servicio Canario de Salud, un hambriento depredador que se lleva un tercio de los recursos de la administración canaria, difícilmente podría ser recortada en mayor cuantía. Sólo el gasto en personal, necesario para que funcione un sistema sanitario que ha experimentado innegables avances, pero que muestra aún sensibles carencias, convierte en inviable una rebaja mayor.
El Servicio Canario de Salud contará en 2010 con los fondos suficientes para seguir tirando, sin que haya dinero para gastos más allá de los estrictamente necesarios. La inversión se reducirá nada menos que en un 48%, por lo que durante el próximo ejercicio se cumplirán las condiciones idóneas para poner en práctica el manido dicho "la necesidad aguza el ingenio". Cualquier mejora en la prestación del servicio tendrá su origen en las cabezas pensantes del organigrama sanitario, obligadas a estrujarse las neuronas para agilizar un sistema cuyos recursos se han quedado estancados.
Un caso diferente es el del área docente, donde el Gobierno ha echado mano de las amplias posibilidades que ofrecen las matemáticas para camuflar un recorte superior a los 30 millones de euros en personal, el dinero en teoría destinado a la contratación de interinos y sustitutos. Dicho recorte, que se ha topado con el firme rechazo de los sindicatos, se dejará notar en el funcionamiento de los centros docentes, por lo que la promesa realizada por el consejero de Economía, José Manuel Soria, de mantener la calidad de los servicios públicos a pesar del menor nivel de gasto, se convierte en un imposible y el conflicto está garantizado.
Pero lo más sorprendente en una época de vacas flacas es el empeño del Gobierno en mantener la puesta en marcha de la policía autonómica con la contratación de un centenar de agentes, máxime cuando los índices de seguridad pública no se hallan entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía. Nada menos que tres millones de euros costarán esos primeros cien policías, un gasto que repercutirá negativamente en la imagen del Ejecutivo, que se sitúa en la diana para que la oposición arremeta contra lo que puede considerarse un gasto superfluo. Pero para el imaginario de un nacionalismo hambriento de signos, contar con una fuerza de orden independiente del poder estatal es una aspiración irrenunciable y urgente. En el caso de Canarias, además, se ha convertido en un continuo querer pero nunca poder a lo largo de las últimas legislaturas, en las que el proyecto policial de CC ha llegado a disfrutar de las bendiciones de unos socios de gobierno que a la hora de la verdad, y después de sonadas peleas de pareja, han acabado por decir digo donde antes habían dicho Diego.
Renunciar a la creación del cuerpo se seguridad autonómico sería, además, dar la razón a quienes llevan años reiterando que se trata de una simple veleidad de Rivero y sus muchachos, un caro capricho que la mermada hacienda canaria no se puede ni debería permitir.
