SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) rechazaron ayer la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSC) contra el proyecto de ley de Participación Ciudadana y le invitaron a trabajar a partir de ahora en la Ponencia que estudiará el texto legal propuesto.
Sin embargo, el portavoz de la oposición, Santiago Pérez, insistió en la inseguridad jurídica del proyecto de ley y de paso enumeró una serie de normas que ya otorgan a los ciudadanos varias herramientas para que puedan participar en las decisiones políticas, como por ejemplo las iniciativas legislativas populares. Para los socialistas, el objetivo real del Gobierno es utilizar la futura ley para fines meramente electoralistas.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, aseguró que el Gobierno ya ha adaptado el proyecto de ley a las consideraciones del Consejo Consultivo y que, además, está dispuesto a mejorar el texto en el periodo de enmiendas.
El dictamen "hizo que sacáramos las referencias que afectaban a la autonomía local e insular" y también se cambiaron el nombre de Consultas Populares por Consultas a la Ciudadanía y el de Jurados Ciudadanos por Tribunales Ciudadanos, "para que no se confundieran con la participación popular en la administración de justicia", explicó el consejero.
Asimismo, Ruano hizo alusión a las críticas que el portavoz socialista, a las que calificó de "maniobras de distracción" para ocultar el objetivo de la ley que, según aseguró el consejero, es el de mejorar la calidad democrática. También aclaró que las Consultas a la Ciudadanía no son "llamadas al cuerpo electoral", sino sondeos de opinión, encuestas y otra clase de instrumentos de participación que permitan "constituir una opinión de la ciudadanía en torno a un asunto de gran trascendencia".
Sin embargo, Santiago Pérez dudó de que el Gobierno haya adaptado el dictamen del Consultivo al proyecto de ley. "No cuela su juego camaleónico de hacer caso en las palabras pero no en el contenido", aseguró.
Finalmente, el consejero aclaró que se admitirán mejoras técnicas pero no habrá modificaciones en los objetivos "de base".
Consideraciones al proyecto
No ajustado a derecho. El Consejo Consultivo, en su dictamen del 25 de junio, consideró que, que el proyecto de ley de Participación Ciudadana no se ajusta a derecho.
Lagunas importantes. El Consejo Económico y Social de Canarias también aseguró que el articulado tiene importantes lagunas jurídicas y económicas.
Competencias. Incluso el Servicio Jurídico del Gobierno puso de manifiesto algún que otro problema referido al ámbito competencial del proyecto de ley.
Terreno político. Según dictaminó el Consejo Consultivo, la nueva norma que quiere aprobar el Gobierno de Canarias no aclara convenientemente que el derecho a la participación que pretende regular debe ejercerse en el terreno administrativo y no en el político.
Meras proposiciones sin fuerza normativa. El dictamen del Consejo Consultivo también señalaba que hay un elevado número de artículos en el proyecto de ley "que son meras proposiciones descriptivas sin fuerza normativa", y que "no crean derechos ni obligaciones", por lo que su incumplimiento "no genera consecuencias jurídicas".
