D.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Ley Reguladora de la Licencia Comercial sigue su trámite parlamentario después de que ayer los grupos de CC y PP rechazaran la enmienda a la totalidad elevada por los socialistas. Incluso desde las filas populares han surgido críticas a este marco –el portavoz Miguel Cabrera Pérez-Camacho la volvió ayer a comparar con un churro– , con el que el Gobierno de Canarias pretende adaptarse a las directivas europeas, pero eso no impidió que conservadores y nacionalistas votaran en contra de los reparos defendidos, por parte del PSC, por el portavoz parlamentario Santiago Pérez, para quien la Ley es una maniobra del Ejecutivo para "ganar poder" y va a generar "inseguridad jurídica" y "puede costar muy cara a los contribuyentes".
El PSC fundamentó su enmienda en que si se mantiene el régimen de autorizaciones, que pone restricciones a la liberalización, algo con lo que los progresistas se mostraron totalmente de acuerdo, las licencias comerciales deben eso sí tener en cuenta el ordenamiento territorial insular; es decir, se debe contar con los cabildos para la concesión de las licencias, no que como se promueve ahora dependan exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo regional. Sin embargo, tanto el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, como la diputada de CC Belén Allende y el del PP Miguel Jorge Blanco defendieron que sea el Ejecutivo el que centralice el ordenamiento de las superficies comerciales.
El consejero subrayó que la Ley Reguladora de la Licencia Comercial persigue garantizar los derechos de los consumidores, cumplir con las directivas europeas, modernizar los procedimientos administrativos y tener en cuenta las especificidades del Archipiélago, sobre todo de cada una de las islas.
