SALVADOR LACHICA (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ
Así se desprende de un informe emitido el pasado 25 de octubre por el director de Política Comercial, Ángel Allué, que considera que el texto adapta "de forma impecable" la normativa autonómica "a los dictados del Derecho Comunitario" contemplados en la conocida directiva Bolkestein de liberalización de servicios.
El informe también asegura que el proyecto del Ejecutivo canario "recoge una correcta y adecuada transposición" de la citada directiva a la legislación canaria y, además, "no presenta ningún problema de compatibilidad en lo relativo al orden constitucional de distribución de competencias" entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Estos parabienes de Allué al texto del Ejecutivo contrastan con las críticas vertidas por los socialistas canarios, que presentaron una enmienda a la totalidad por entender que las licencias comerciales las deben otorgar los cabildos y no el Gobierno regional.
Al respecto, el portavoz socialista, Santiago Pérez, afirmó que "si se aprueba la Ley como propone el Gobierno canario, entramos en un campo de inseguridad jurídica, que no le saldría gratis a la Comunidad Autónoma " pues se abriría la puerta a posibles "nuevas indemnizaciones multimillonarias". El controvertido proyecto no ha sido únicamente criticado por el PSC, toda vez que tanto los servicios jurídicos del Gobierno como el Consejo Económico y Social (CES) han puesto objeciones al texto.