SARO DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE
No parece que vaya a lograrse quorum suficiente entre los sindicatos canarios para justificar la posible convocatoria de una huelga general el 16 de diciembre en protesta por la orden que prepara el Gobierno de cara a modificar las listas de reserva en las áreas de Sanidad y Educación principalmente. De hecho, tanto Comisiones Obreras (CC OO) como UGT se habían enterado ayer a través de los medios de comunicación de la fecha fijada desde Intersindical Canaria y su rama de Educación, STEC.
Según explicó ayer el coordinador general del Área Pública y secretario general de Enseñanza de CC OO, José Ramón Barroso, no se están empleando "los cauces habituales ni adecuados" para plantear algo así. Por tanto, CC OO carece "de una posición clara" al respecto ya que "no ha habido tiempo de analizarlo en el seno de los órganos de dirección", aunque sí son "partidarios de agotar todas las vías de diálogo antes de llegar a una huelga general". "Ese sólo es el último recurso", afirmó.
Por su parte, fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT aducen que "si se hacen movilizaciones, se decide entre todos, pero una huelga del sector público nunca sería una huelga general, sino sectorial; general es cuando se convoca a todos los sectores de la sociedad". Desde ninguna de las fuerzas sindicales se respira que sea momento de hacer una huelga general.
Desde uno de los sindicatos de funcionarios públicos partidarios de convocar una huelga general de trabajadores públicos, Comisiones de Base de Canarias (Co.bas) se matizaba ayer que de producirse esa huelga general el 16 de diciembre "no sería una huelga de diseño sindical sino protagonizada por los empleados", de ahí que se esté "buscando la unidad sindical y se vaya a sondear en nuevas asambleas la opinión de los trabajadores".
Ana Caballero, secretaria general de Co.bas, inscrito en la Plataforma Sindical Unitaria, sí respondió a las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, en relación a esa posible huelga general de empleados públicos. Marrero adujo que "la crisis se resuelve trabajando y no haciendo huelgas". En tal sentido, Ana Caballero ha señalado que el Gobierno de Canarias "pone como excusa la crisis para disfrazar la tendencia a destruir el empleo público y a favorecer lo privado". Caballero aclaró que los empleados públicos no buscan dinero "sino que se diga la verdad, que no es otra que hay un Gobierno de Canarias trabajando en favor de los intereses particulares de un grupo de poder y no para los ciudadanos".
Los sindicatos partidarios de la huelga general consideran que el Gobierno "está difundiendo la idea de que los empleados públicos somos unos privilegiados que no queremos trabajar, cuando lo que busca es abolir el poco trabajo digno que queda en el mercado laboral". Caballero recordó que buena parte de los empleados públicos son mileuristas "y no ganamos lo que los gerentes de fundaciones públicas, asesores y amigos del Gobierno".
Lo cierto es que en el seno de la Función Pública existe un franco descontento ante las indemnizaciones que el Gobierno debe pagar por casos como el de Tebeto o Montaña Rayada, y de hecho se habla de que detrás de estas indemnizaciones millonarias se esconde la colaboración necesaria de algunos funcionarios de libre designación.
Ana Caballero opina que se está produciendo "una auténtica Opa hostil contra el derecho a los servicios públicos". Añadió que los funcionarios trabajan "siempre porque, si no, no comemos, cosa que no estamos seguros que ocurra con el Gobierno, que plantea soluciones como las jornadas laborales de cuatro horas para los demás, pero no para ellos".
Lo que sí existe es un franco descontento por las decisiones de un Ejecutivo que ahorra en según que cosas, lo que puede producir una serie de intensas movilizaciones a favor de los servicios públicos. Más difícil es que pueda tener lugar una huelga general entendiendo por tal un cierre general y paralización de la vida productiva.
Entre algunos sectores sindicales existe la sensación de que desde el STEC se ha querido aprovechar la coyuntura para ganarse para su causa a amplios sectores de la población cuando lo que reivindican tiene que ver con un área muy concreta del ámbito de la educación pública.
