EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, aseguró hoy ante los medios que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado hasta cinco sentencias condenatorias contra la Comunidad Autónoma -que han sido recurridas- por haber denegado a la empresa Lidl varias licencias comerciales que la legislación canaria exige como previas para la implantación de grandes centros comerciales de descuento duro.
Santiago Pérez recalcó que estas sentencias, si se confirman, "conllevarán otras tantas indemnizaciones por los beneficios dejados de percibir por parte de esta empresa, a la que el TSJC le reconoce el derecho a haber obtenido licencia comercial específica para implantarse en el Archipiélago".
Si bien el portavoz socialista eludió hablar de cifras, sí quiso dejar claro sobre todo esto "está gravitando una nueva tanda de indemnizaciones que la empresa solicitará si el Tribunal Supremo confirma las sentencias del TSJC, de manera que ganar el recurso de casación por parte de la Comunidad Autónoma va a ser más difícil que sacar adelante el del caso Tebeto".
Santiago Pérez incidió, además, en que en el marco de la adaptación de la legislación canaria a la Directiva Bolkestein, el Gobierno de Canarias "no puede estar haciendo experimentos y, mucho menos, que conserve la potestad de conceder licencia comercial específica".
Por tanto, aclaró que si las restricciones para la implantación de nuevos establecimientos comerciales, según la nueva Directiva de Servicios, sólo ha de fundarse en razones territoriales o ambientales, "lo lógico sería que estas restricciones se plasmen en los planes insulares de ordenación y sean tomadas en cuenta por los cabildos y por los ayuntamientos a la hora de conceder licencia, que es lo que viene a decir la ley de directrices y no lo que el Gobierno dice de ella.
En otro orden de cosas, el portavoz socialista en la Cámara legislativa también se refirió a la encuesta que ha sido publicada este fin de semana sobre intención de voto de cara a las próximas elecciones autonómicas, de la que dijo no ser más que "el truco del almendruco" para no hablar de los Presupuestos elaborados por el Gobierno de Canarias para 2010.
Ley de Comercio
la opinión
La Ley Reguladora de Licencias Comerciales se aprobará, al fin, en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre. A dos meses de que entre en vigor la Directiva de Servicios que liberaliza en mercado europeo interior, el Gobierno ha logrado sacar adelante una ley que ha tenido un largo uy tortuoso camino.
A pesar de que la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha asegurado, en numerosas ocasiones que la ley ha sido consensuada por todos los agentes implicados, ciertas asociaciones comerciales se opone frontalmente a la nueva ley comercio, sobretodo, porque creen que deja en manos del director general de Comercio de turno la posibilidad de otorgar nuevas licencias o no. La Ley Reguladora de Licencias Comerciales pone trabas medioambientales a la entrada de nuevos centros. Según el presidente del Parlamento regional, Antonio Castro, este texto, además, es de procedimiento abreviado por lo que los grupos parlamentarios tendrán hasta el día 6 para presentar enmiendas.
