P.G. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
En Telde se cruzan al menos tres investigaciones distintas donde están implicados toda clase de cargos públicos por adjudicación de contratos, comisiones y permutas presuntamente perjudiciales para las arcas públicas del consistorio.
En cuanto al número de delitos, el alcalde Mogán es el que más acumula: media docena de ellos entre los que se encuentra la malversación de caudales, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En la capital grancanaria, el juez investiga si en torno a la licencia municipal de las torres del Canódromo, anuladas por la Justicia la pasada semana, se esconde al menos un delito de prevaricación presuntamente cometido por la ex alcaldesa de la ciudad, Josefa Luzardo, y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber. Y también está la operación Paraíso, en San Bartolomé de Tirajana, y Brisan, en Santa Brígida, además de un caso de falsificación de certificaciones de obra en el Cabildo de Gran Canaria que ha costado seis millones de euros a las arcas públicas.
En Tenerife hay dos municipios relacionados con casos de corrupción, Arona y Santa Cruz, mientras que en Lanzarote se ven afectados Arrecife, Yaiza y Teguise, además del Cabildo insular. El caso eólico, por su parte, salpica a la Consejería de Industria del Gobierno canario.
Una causa gigantesca. Tres ayuntamientos y el Cabildo se unen en la operación Unión, en Lanzarote, donde además de la corporación insular se ven afectados los municipios de Arrecife, Yaiza y Teguise. Esta macrocausa que saltó a la luz pública en mayo del presente año suma ya 29 imputados, de los que diez son cargos públicos. El cabecilla de la red es Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
