MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno de Canarias pretende reducir el gasto corriente de la Administración Pública para el próximo ejercicio 2010 como medida de contención ante el momento de crisis que se vive y la falta de sus ingresos públicos. Sin embargo, una de las herramientas que pretende imponer el Ejecutivo autonómico para llevar acabo el recorte del gasto corriente se fundamenta en la congelación salarial de los empleados públicos, por lo menos hasta 2011 y, en caso de que persista el mismo escenario de crisis, se ampliaría al año siguiente. Pero además, los empleados públicos se quedarán sin la aportación que les corresponde a su Plan de Pensiones y Acción Social el próximo año.
El mismo día en el que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, entregaba al presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobez, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se filtraba un documento de acuerdo del Consejo de Gobierno que, con fecha de 7 de julio pasado, el Ejecutivo regional tomaba la decisión de recortar el gasto corriente con cargo a las partidas salariales de los empleados públicos. El recorte que se pretende es de un 1,5%, una reducción que se obtendría, por un lado, extinguiendo empleo en la administración pública extinguiendo puestos de trabajo que ya han sido declarados así y dejando sin cubrir las vacantes, por lo que no se contratará personal eventual, ni siquiera de sustitución salvo casos excepcionales.
Así, las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que se presenten suprimirán los puestos vacantes de las mismas, de tal forma que la relación de puestos que se apruebe "no disponga de más de un 5% de puestos vacantes en cada departamento". Pero el acuerdo firmado en Consejo de Gobierno va más allá y textualmente señala que "en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, para conseguir este objetivo (reducción del 1,5%), un 1% se deducirá de la aportación que anualmente se realiza para el Plan de Pensiones y la Acción Social de los empleados Públicos, mientras que el 0,5% restante se deducirá a través de medidas a tomar por cada sector".
Sobre el incremento salarial, "todos aquellos acuerdos o pactos con las organizaciones sindicales que conlleven incrementos salariales para 2010 se modifican, retrasándose sus efectos a 2011, excepto cuando el escenario presupuestario para ese año sea similar al actual, en cuyo caso se aplazará un año más el pago de los incrementos salariales pero con efectos económicos no anteriores a 2011, en la fecha que determine el Gobierno en base a los indicadores económicos.
Los trabajadores públicos de Canarias ya han advertido de que se ve en el horizonte un escenario de huelgas y de paros laborales porque, dicen, las áreas que más se resentirán con el recorte del Ejecutivo son las de Sanidad y Educación, por tanto, las que "más afectan a la ciudadanía que se verá abocada a sufrir mayor precariedad de atención en estos servicios públicos, precisamente en un momento en el que Canarias registra cifras históricas de desempleo y está a la cabeza en el conjunto del Estado en paro y destrucción de empleo.
Mientras que el acuerdo recoge que "en el ámbito sanitario y docente habrán de tomarse las medidas necesarias para la disminución del gasto en un 1,5%" y que "en el resto del sector público, las entidades públicas, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y las fundaciones públicas reducirán también un 1,5% su capítulo de gastos de personal para el ejercicio 2010", no ocurre lo mismo con "el personal directivo de las empresas públicas" que "ajustará sus retribuciones a las previsiones que se adopten por el Gobierno".
