PEDRO GUERRA-EFE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, calificó ayer de "meras especulaciones" las sumas que se señalan que debe hacer frente el Ejecutivo canario por los pleitos pendientes de resoluciones firmes del Tribunal Supremo, algunos de ellos derivados de la moratoria turística, por lo que ha calificado de "ridículo" hacer provisiones de gasto en los presupuestos autonómicos de 2010.
Respecto al pago de los 33 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias por la sentencia firme de Montaña Rayada, en Fuerteventura, Marrero aseguró que no implicará recortes en los servicios básicos de la Comunidad Autónoma.
El portavoz, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, afirmó que es "absolutamente falso" que se vayan a ver afectados servicios esenciales por esta sentencia de 2008, de la que "sorprende" que se diga por parte de la oposición que no se ha informado.
Marrero señaló que existe un amplio dossier de prensa desde el pasado día 30 de junio sobre la sentencia, que ha recordado que parte de un asunto de los años 90, por lo que apuntó también que tratar de "colgar" las siglas de un partido "puede sonrojar a alguno".
El portavoz explicó que para hacer efectivo este pago el Gobierno ha hecho un reparto "político" y no lineal entre las distintas consejerías y ha establecido que las retenciones de crédito no afecten a los servicios básicos ni a partidas sujetas a convenios con otras administraciones.
Asimismo, informó de que, en atención al criterio establecido, las consejerías de Educación y Sanidad aportarán de sus presupuestos un 0,3 y un 0,2 por ciento respectivamente, y que de haberse aplicado un reparto lineal les hubiera correspondido a la primera el doble y a la segunda el triple.
Marrero subrayó que se ha hecho un "enorme esfuerzo de austeridad" para hacer frente a este pago, que "duele" pero que es inevitable porque se trata de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de la que aún carece el "caso Tebeto", cuya sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que condena al Gobierno canario a pagar 101 millones de euros, está recurrida.
El portavoz indicó que, al igual que el Gobierno trata de agotar los márgenes de maniobras judiciales para evitar el pago de Tebeto, también consta que los anteriores Ejecutivos agotaron las vías para desembolsar los 33 millones de la sentencia de Montaña Rayada, por la desclasificación de un suelo urbanizable no programado a rústico en Montaña Rayada.
Cabildos. El portavoz, en cuanto al acuerdo de la Federación Canaria de Islas de no proceder a devolver en 2009 "ningún recurso" al Gobierno de Canarias por la liquidación del Régimen Económico y Fiscal, afirmó que "no tiene sentido enfrentamientos entre instituciones" y que desde el Ejecutivo regional se hará lo posible por evitarlos.
Según Marrero, "las aguas volverán a su cauce", como así ocurrió con los planes sectoriales de inversión, que en un plazo de dos semanas se resolvieron los problemas con los cabildos, ha recordado.
Indicó que el planteamiento de una moratoria en el pago de las cantidades que adeudan se debe plantear en una "mesa institucional", pero no a partir de una declaración de confrontación.
Marrero también manifestó que el Gobierno está dispuesto a crear la comisión técnica, entre cabildos y Ejecutivo, prevista para determinar la financiación de las competencias asumidas entre los cabildos y el Ejecutivo, que "razones de agenda" han retrasado. Además, destacó el "sobresaliente esfuerzo" del Gobierno con las corporaciones locales e insulares en los presupuestos.
Indemnizaciones pendientes
Moratoria turística El Gobierno de Canarias está expuesto al pago inminente de 84 millones de euros como consecuencia de tres sentencias de la moratoria en las que la Sala de lo Contencioso ya ha fallado en su contra y en las que, además, ha aceptado la ejecución provisional solicitada por los empresarios. Tres sentencias de la moratoria están sólo a la espera del aval bancario para que la Sala corrobore la ejecución provisional ya aceptada. Se trata de dos pleitos ganados por el empresario hotelero Eustasio López, propietario del Grupo Lopesan, y un tercero interpuesto por Teo Gerlach, a su vez titular del proyecto del Centro Helioterápico Canarias.
lopesan En el caso de los pleitos del Grupo Lopesan, la Sala ha aceptado un "pago a cuenta" de cuarenta millones de euros por la paralización del Plan Parcial Golf Meloneras, que el Ejecutivo congeló con la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (moratoria) bajo el brazo. En el proceso de ejecución provisional de la sentencia solicitada por Lopesan, la Sala concedió un pago a cuenta de 40 millones de euros, pendiente sólo de que el empresario deposite el aval bancario correspondiente. Lo mismo ocurre con el Plan Parcial Dehesa de Jandía, en Fuerteventura.
tebeto y montaña rayada A estas deudas de la moratoria turística habrá que añadir el primer pago de la sentencia del caso Tebeto, 33,7 millones de euros, y los 33,1 del pleito de Montaña Rayada, en Fuerteventura. En total, el Ejecutivo regional se enfrenta al pago inmediato de unos 150 millones de euros de los 250 a los que ha sido condenado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Todo ello fruto de una docena de pleitos de cariz urbanístico.
Félix SAntiago Otros empresarios que han ganado sentencias al Gobierno, como es el caso de Félix Santiago, que también ganó un pleito por la moratoria cuya cuantía asciende a unos 17 millones, no han ejercido por el momento su derecho a la ejecución provisional. Estos fallos están pendientes de recurso ante el Supremo.
