EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los presidentes de los cabildos coincidieron ayer en señalar que el Proyecto de Ley regulador de la licencia comercial para la adaptación a la normativa de la Unión Europea de liberalización de servicios perjudicará a los comerciantes de las Islas, a lo que el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, respondió que éste debate no cabe.
Rodríguez planteó que se trata de una adaptación de las normativa europea y que sólo está basada en que se pueden formular excepciones basadas en criterios ambientales o territoriales. Defendió el proceso participativo que se ha llevado a cabo y afirmó que se mejorará durante su tramitación parlamentaria.
Por ello además rechazó que "se ponga en peor situación a los comerciantes existentes". "No se puede entrar en esa discusión porque hay que liberalizar los servicios y no se puede hablar de otras cosas", argumentó.
"Se busca el equilibrio de la liberalización absoluta con el bien de interés que es la conservación del territorio y medioambiente", subrayó el consejero que le dijo a los presidentes durante la Comisión de Cabildos del Parlamento que tuviesen "tranquilidad" porque "el objetivo es que los planes especiales sean incluidos en el plan insular de ordenación porque si no tendrían validez las normativas".
Aquí indicó que el Ejecutivo no puede hacer dejación de sus funciones por lo que tiene que dar "uniformidad a la normativa y dar criterios uniformes" para que se den servicios iguales independientemente de dónde se resida. "Se liberaliza muchísimo", dijo y añadió que "hay que valorar el impacto en el medioambiente".
Ante esto, el presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, recordó que la Comisión "se habla y se escucha, pero no determina ni vota". Aquí igual que sus compañeros criticó los artículos 4,1 y 4.2 del proyecto de ley sobre las licencias a las grandes superficies comerciales. "No es práctico por el desequilibrio", dijo.
En esta línea, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, también criticó estos dos artículos mientras que el de Gran Canaria, José Miguel Pérez, criticó que algunos criterios implantados en el texto sean subjetivos y no se haya atendido los planteamientos de los entes que han participado en las reuniones sobre la norma.
