TONY M. ÁLAMO (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno de Canarias pagó, el pasado mes de septiembre, 33 millones de euros por un caso similar al de la montaña de Tebeto, Montaña Rayada. El portavoz del PSC en el Parlamento autonómico, Santiago Pérez, denunció ayer por la mañana que el ejecutivo silenció esta sentencia, que anula cambios en el planeamiento urbanístico realizados en 1990.
Así, otra montaña de Fuerteventura (tras Tindaya y Tebeto) le cuesta millones al erario público, aunque en este caso el Gobierno pagó directamente lo que la sentencia marcaba y sustrajo más de 6 millones del presupuesto de Sanidad y casi 4,5 del de Educación.
Santiago Pérez explicaba con detalle ayer por la mañana en sede parlamentaria lo que su secretario general, Juan Fernando López Aguilar, había adelantado el sábado: "el Gobierno de Canarias venía tramitando casi sigilosamente el expediente para afrontar otra indemnización, la de Montaña Rayada, por 33 millones".
Según los documentos mostrados por Pérez (el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la modificación del crédito presupuestario) desde septiembre de este año el ejecutivo tomó el acuerdo de efectuar recortes para pagar esta indemnización a la empresa Montaña Rayada SA, que asciende a 33.108.557,81 euros.
Los recortes presupuestarios. Los recortes, que se producen en todas las consejerías, paradójicamente son mayores en las que tienen un perfil más social y de servicio público. Así, las dos áreas que sufren un mayor recorte son sanidad y Educación.
En sanidad, el Gobierno recortó el pasado mes de septiembre casi 6,4 millones. Por un lado, el Servicio Canario de Salud vio sus fondos disminuidos en 5.901.990,75 euros, mientras que el reto de la Consejería de Santidad perdió 414.998,79.
Además, la consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes tuvo que reducir su presupuesto en 4,456.670,23 euros.
Además, Obras Públicas, Agricultura y Bienestar Social son, por ese orden, las siguientes que más fondos perdieron (2,9, 2,9 y 2,4 millones, respectivamente).
El ente público Radiotelevisión Canaria también vio aminorado su presupuesto en 1,5 millones.
En su acuerdo, el Gobierno autonómico planteaba que "las bajas no afectarán a créditos vinculados a la prestación de servicios públicos básicos".
Santiago Pérez explicó que la sentencia que pagó el Gobierno en septiembre parte de la recalificación en 1990 realizada por la antigua Cumac (durante la presidencia de Lorenzo Olarte) de "unos terrenos situados en Montaña Rayada que estaban calificados como suelo urbanizable y pasaron a ser rústicos".
Silenciar los datos
El portavoz del Partido Socialista Canario criticó que el ejecutivo ha silenciado los datos porque "ahora no tienen un bulo con el que darnos la lata y marear la perdiz durante unos meses, no pueden decir que durante la tramitación hubo no sé qué secretaria general técnica del partido socialista", en referencia a Francisca Luengo a quien el PP ha señalado como responsable de Tebeto.
La empresa que se vio beneficiada por la sentencia, cuyo último auto se dictó en noviembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue Montaña Rayada SA. Esta sociedad, actualmente constituida como SL, está dedicada a la construcción y pertenece al grupo turístico e inmobiliario Club Lanzarote, cuyo propietario Joaquín Cañada ha sido relacionado por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, con el presunto pago de sobornos para obtener licencias en Playa Blanca o agilizar los trámites.
