Bittini, el ingeniero de pleitos

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ¿Empresario o un experto en ingenierías jurídicas con que ganar un pleito tras otro a la Administración, a cambio de pingües indemnizaciones que salen del bolsillo del contribuyente? Rafael Bittini Delgado es desde luego un caso único. De otra forma no se explica que el propietario de una empresa que ha estado varias veces coqueteando con la quiebra haya ganado pleitos a su comunidad autónoma por un valor que, en activos, podría rondar los doscientos millones de euros.

O que consiguiera que un selecto grupo de empresarios de Gran Canaria entrara en una de sus sociedades, Canteras de Cabo Verde, y depositara importantes cantidades de dinero que luego se esfumó cuando los convenció para acordar una reducción de capital a cero. O que saliera indemne de una querella que buscaba meterlo en la cárcel por llevarse los 12 millones de euros que el Gobierno desembolsó para poner en marcha el proyecto de la montaña de Tindaya. Nada de eso, ni un solo rasguño penal. Al menos hasta que se conozca el desenlace de la causa que tiene abierta por un intento de engaño al fisco y en la que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel de la Fiscalía.

¿Es Bittini un visionario? Puede que no, pero lo parece a juzgar por su habilidad para extraer beneficios multimillonarios de la montaña de Tindaya y sus alrededores, moviendo muchos papeles, pero ni una sola piedra. A finales de los ochenta decidió invertir su tiempo y su entonces escaso potencial económico en investigar si bajo la epidermis de la montaña mágica de Fuerteventura se esconde un tesoro formado por bloques de una piedra ornamental llamada traquita. Traquita se sacó poca. Pero para Bittini, la montaña se reveló como una fuentes que escondía millones de euros que sólo podían ser extraídos con habilidad, inteligencia y paciencia; mucha paciencia. Y a este ciudadano paciencia le sobra.

El año 1988 contaba sus últimos días y hacía ya más de un lustro que Bittini había dejado atrás su incursión en la política de la mano de un cargo muy atractivo entonces: presidente de la Autoridad Portuaria. Bittini fue, de hecho, el primer presidente que tuvo el Puerto en la recién estrenada Democracia, con la UCD sacando pecho por todo el país. Estuvo cinco años, pero el mundo de los negocios era mucho más atractivo. Fue a finales de 1988 cuando un conocido grupo de empresarios de Las Palmas decidió entrar en el accionariado de Canteras de Cabo Verde SA, atraídos por el oro de Tindaya. Para entonces la empresa de Bittini ya era titular de la concesión administrativa Chantal, mediante la que, en teoría, iba a colocar traquita en cada rincón del viejo continente. También para entonces, Bittini jugaba al tenis; al menos dos partidas por semana y muchas veces con personas relevantes de la sociedad.

A finales de los ochenta la idea de comercializar la piedra de Tindaya no era más que una expectativa de futuro, porque la realidad fue que los empresarios tuvieron que acudir a diferentes ampliaciones de capital debido a que la sociedad acumulaba números rojos año tras año. Y ni siquiera así lograron evitar las cuantiosas pérdidas que reflejan los balances de cuentas de 1992, 1993 y 1994, lo que llegó a cuestionar la continuidad de la empresa. Mientras, en esas fechas, Bittini diseñaba ya la estrategia judicial de Tebeto, la montaña contigua a Tindaya y que quince años después le sirvió para conseguir la mayor indemnización jamás lograda contra la Hacienda pública canaria.

En el año 1996, los administradores de Cabo Verde presentaron un informe de gestión que decía lo siguiente: "La sociedad arrastra pérdidas por importe de Pts. 876.000.000 (unos 5,2 millones de euros), que la colocan en la situación prevista en el artículo 163 TRLSA". Canteras de Cabo Verde está pues próxima a la disolución. Y es entonces cuando un consejo de administración dirigido por Rafael Bittini propone una operación acordeón, o lo que es lo mismo, una reducción del capital social a cero y la posterior emisión de nuevas acciones. Una idea brillante, desde luego, si se tiene en cuenta el informe de auditoría de Ernst & Young de fecha 20 de febrero de 1996, que recogía lo siguiente: "El balance de situación muestra un desequilibrio patrimonial significativo" y "un déficit importante en su situación financiera".

Ante este panorama, difícil era que los accionistas acudieran a una operación acordeón que implicaba perder todo el dinero aportado hasta el momento y proceder a un nuevo desembolso sin que se les ofreciera ninguna perspectiva de recuperar y rentabilizar la inversión hecha hasta entonces. Los empresarios "salieron por patas", asegura una fuente próxima a ellos, y abandonaron la empresa perdiendo el dinero y sin acudir a la junta que estaba prevista el 29 de abril de 1996.

"En realidad picaron en la trampa e hicieron lo que quería Bittini". Un mes y medio antes de que se celebrara la junta y, por tanto, que el grupo de empresarios abandonara Canteras de Cabo Verde, Rafael Bittini llevó a cabo una operación de venta de la concesión minera Chantal al Gobierno de Canarias, por la que la empresa percibió 900 millones de pesetas (unos 5,4 millones de euros), una cantidad muy similar a las pérdidas que acumulaba Cabo Verde. Nacía así Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), una sociedad al cincuenta por ciento entre Cabo Verde y el Ejecutivo regional, a través de una empresa pública denominada Saturno.

La operación quedó reflejada mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de 1996 ante el notario Manuel Emilio Romero Fernández, en la que Rafael Bittini, actuando como administrador de Cabo Verde, constituyó con dos personas más PMMT, con un capital de 900 millones de pesetas. De las nueve mil acciones de la sociedad, Cabo Verde suscribió 8.998, desembolsando íntegramente su valor mediante la aportación de la concesión minera Chantal de la que era titular y que en la escritura se valoraba en 899.800.000 pesetas. Ese mismo día se cancelaron las cargas que tenía la concesión minera y se otorgó otra escritura ante el mismo notario mediante la que la empresa pública denominada Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno) adquiera todas las acciones de PMMT por un precio de cien mil pesetas cada una, lo que supone 5,4 millones de euros.

Los empresarios que se habían marchado de Cabo Verde se sintieron engañados y presentaron una demanda contra el consejo de administración de la sociedad, al entender que se les había ocultado que "el acuerdo con el Gobierno era anterior a la operación acordeón, pero sólo se supo posteriormente". No les sirvió de nada (fue archivada), salvo para conocer que a la ampliación de capital acudió una empresa, Destry Holding, domiciliada en las Antillas Holandesas y que suscribió acciones por valor de 42 millones de pesetas... que fueron pagados por Rafael Bittini, según una certificación de Banca March. Fue así como se conoció que una extraña empresa domiciliada en un paraíso fiscal se interesó por una mercantil canaria que estaba cercana a la quiebra. De Destry Holding apenas se sabe nada más.

Pero por Tindaya Bittini no sólo ingresó los 900 millones de pesetas en que se valoró la concesión administrativa Chantal. Posteriormente, suscribió un contrato con la UTE (Necso y FCC) adjudicataria del proyecto del escultor Eduardo Chillida, mediante el que le vendió los derechos de explotación de la cantera por un valor de 1.960 millones de pesetas (unos 12 millones de euros), dinero que había llegado a PMMT procedente del Gobierno de Canarias y con el fin de "sufragar los gastos de estudio e implantación del proyecto", para lo que no se utilizó. El Gobierno se sintió estafado e inició un proceso penal en el que Bittini resultó imputado, entre otros, pero que acabó también archivado con una lógica aplastante del juez instructor: "No puede haber estafa porque el Gobierno, a través de la empresa pública Saturno, estaba presente en PMMT, por lo que conocía perfectamente el destino final del dinero", que no fue otro que la cuenta corriente de Bittini.

Trece años después, con Cabo Verde sumida de nuevo en problemas económicos (los sindicatos han denunciado que no paga a sus trabajadores), Bittini cuenta las horas para cobrar, aunque sea a plazos, 103 millones de euros, de nuevo del Gobierno de Canarias y en esta ocasión por la sentencia del caso Tebeto, con cuyo ponente (el juez Gómez Cáceres) coincidió en la junta directiva del Club de Tenis Gran Canaria.

Y mientras Rafael Bittini continúa con su costumbre de jugar al tenis un par de veces por semana, lo que le mantiene en buena forma, diseña su próximo plan judicial: recuperar el valor de las acciones de PMMT de las que el Gobierno le privó y que el Supremo le devolvió. Unos sesenta millones de euros más. Nunca antes a un ciudadano se le dio tan bien la Justicia.