SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Canarias tendrá por fin una ley que regule la ubicación territorial de las infraestructuras de telecomunicaciones, cuyo texto se debatirá en el primer Pleno parlamentario de noviembre. Al menos, ese es el plazo que se ha impuesto la diputada Belén Allende, una de las artífices de la nueva norma, que confiesa que la elaboración de la propuesta es "el trabajo más difícil que yo he tenido en mis manos en el Parlamento".
Sólo hay que recordar que ya han pasado tres años desde que el Parlamento regional recibiera la iniciativa legislativa popular del partido Los Verdes para regular la ubicación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil.
A pesar de todo ese tiempo, no ha sido hasta hace una semana que la ponencia encargada del estudio de la iniciativa ha emitido un informe aceptando las enmiendas que presentó en mayo el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Allende explica que la iniciativa popular se ha convertido ahora en un texto más ambicioso, muy consensuado con Los Verdes, asesorado por distintos colectivos y siguiendo las premisas del Consejo Consultivo de Canarias. Entre otras cosas, el Consejo Consultivo recuerda en su primer informe que, aunque las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado, éste no puede ejercerla sin tener en cuenta los intereses de cada comunidad autónoma.
De hecho, Canarias tiene competencias propias en sanidad, protección del medio ambiente y también la ordenación del territorio, y todo ello se ve afectado, de una u otra forma, por la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. Por eso, los ayuntamientos son parte clave en la nueva ley, ya que son los que deben dar las licencias a los operadores y planificar sus territorios.
Para controlar mejor cómo y dónde se realizan esas instalaciones, la proposición de ley establece que los planes generales municipales o, en su caso, los planes especiales, deben de ordenar, ubicar y planificar este tipo de instalaciones. Para eso, tendrán en cuenta aspectos como el impacto paisajístico. Entre las determinaciones sobre protección ambiental destacan las que prohíben las infraestructuras de telecomunicación en inmuebles de interés cultural declarados monumentos, excepto si lo permite el planeamiento.
Asimismo, se limitan las instalaciones en los conjuntos histórico-artísticos, en las zonas arqueológicas declaradas como bienes de interés cultural, así como en los espacios naturales protegidos, en su caso, obligándose a incorporar las medidas de mimetización o las soluciones específicas que minimicen el impacto visual.
Igualmente, por razones medioambientales, se limitarán siempre que sea posible las instalaciones de telecomunicación en centros hospitalarios y geriátricos, residencias de ancianos, centros educativos y escuelas infantiles.
Allende resalta también el uso compartido de insfraestructuras al que se verán obligados los operadores con el objetivo de minimizar el impacto en el paisaje.
A este respecto, la propuesta legal insta a la Administración a que impulse los acuerdos necesarios con las empresas y, de no lograrlo, deberá incluir en los planes territoriales especiales de infraestructuras de telecomunicación los emplazamientos que preceptivamente deberán compartir los operadores.
Instalación sobre las viviendas
A Los Verdes se les ha quedado "una espinita clavada" tras la redacción de la ley, asegura Belén Allende: El texto legal no recoge la prohibición expresa de instalar antenas de telefonía móvil en edificios de viviendas. No obstante, la diputada asegura que se ha investigado todo lo posible para ver cómo evitar la instalación de estas antenas encima de viviendas, pero "no pudimos hacer nada".
Tener los edificios limpios de esta clase de infraestructuras "es prácticamente imposible, no hay un sistema" si se quiere tener cobertura.
Además, Allende señala que la ponencia parlamentaria que trabajó en esta ley también contactó con la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Oncológica Nacional para descubrir que "hay una falsa leyenda sobre cómo inciden estas instalaciones" en la salud. Sin embargo, Los Verdes indican que, a pesar de estar satisfechos con el texto, seguirán intentando pulir lo más posible esta norma.
