El PSC duda de la legalidad de la Audiencia de Cuentas

EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El portavoz adjunto del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Julio Cruz, puso ayer en duda la legalidad de las actuaciones de la Audiencia de Cuentas desde febrero de 2008, pues en la ley que regula éste órgano parlamentario se dice que los auditores cesan automáticamente cuando expira su mandato.

Julio Cruz dijo en rueda de prensa que dos años y medio después de las elecciones autonómicas es un "fraude" que en la Audiencia de Cuentas permanezcan las mismas personas, cuando, añadió, su renovación se tenía que haber producido "como muy tarde" en febrero de 2008.

Para el dirigente socialista se trata de una "afrenta" a la democracia el intentar hacer "por la puerta de atrás lo que señalan las urnas".
Julio Cruz recordó además que en las elecciones del pasado 27 de mayo del año 2007 los ciudadanos dieron la representación mayoritaria al Partido Socialista Canario (PSC), con 26 de los 60 diputados del Parlamento regional.
Esto significa, entre otras cosas, que la representación en los órganos que dependen de la Cámara legislativa, como es la Audiencia de Cuentas, se tiene que adecuar a lo dicho por los ciudadanos, añadió Julio Cruz.

Dudas fundadas. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias insistió en que hay dudas fundadas sobre la composición y el funcionamiento de la Audiencia de Cuentas.
Pero, además, también existen dudas, a su juicio, acerca de si las decisiones que han tomado desde febrero de 2008 tienen respaldo jurídico suficiente.

El diputado recordó que los informes de la Audiencia de Cuentas afectan tanto a la Comunidad Autónoma como a las empresas y organismos públicos, a los cabildos y ayuntamientos, y tienen repercusión ante terceros.
Y, agregó Cruz, si la Audiencia de Cuentas ve posibles delitos lo debe comunicar al Tribunal de Cuentas y eso puede implicar la apertura de expedientes penales.

El portavoz adjunto de la oposición declaró que se trata de una situación difícil y el lunes la planteará ante la comisión parlamentaria de Presupuestos.

Finalmente, también indicó que, si el cese es automático, los auditores no podrían estar, no tendrían que cobrar y, mientras tanto, han tomado decisiones que no podían adoptar y serían nulas, lo que afecta a responsabilidades.

El Consultivo insiste en que la Ley de Participación no se ajusta a derecho

europa press | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos Millán, recordó ayer que el dictamen 306 de 2009 sobre el Proyecto de Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana presentada por el Gobierno se basó en que se trata de una ley no imperativa. Es decir, la propuesta legislativa está llena de "meras recomendaciones, y las normas no están para dar recomendaciones, sino para regular", aclaró. No obstante, explicó que "nada impide el empleo de declaraciones de esta índole en los textos legislativos, pero no es aceptable su generalizada utilización".

Además, aclaró que no cabe incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias al dictamen del Consejo, ya que es preceptivo, no vinculante.

Sin embargo, mantuvo que en el texto propuesto por el Gobierno "se producen grandes perturbaciones en la seguridad jurídica, afecta a la calidad de la ley como instrumento ordenador de la convivencia y contribuye a la devaluación del papel que corresponde al derecho".
El pasado miércoles, el Grupo Parlamentario Socialista (PSC) presentó una enmienda a la totalidad, con solicitud de devolución al Gobierno de Canarias, del proyecto de ley de Participación Ciudadana al entender que es "claramente contraria a la Constitución española", tal y como aseveró el portavoz socialista, Santiago Pérez.

El diputado del PSC-PSOE explicó que en este proyecto de ley el Gobierno de Canarias "pretende convocar, extralimitándose en sus competencias, consultas con movilización del cuerpo electoral sobre preguntas que fijaría el presidente del Gobierno consultado por su Ejecutivo".

En el texto de la enmienda, el Partido Socialista Canario recoge que el Consejo Consultivo ya alertó de que el texto "adolece, de notables carencias técnicas, como las indefiniciones y ambigüedades, respecto a conceptos fundamentales para las finalidades de la ley, como el de participación ciudadana -y su delimitación con el de participación política, derecho fundamental- o el mismo de ciudadanía; y la naturaleza jurídica y principios regulatorios de órganos e instrumentos que se crean".

Urbanismo. Millán estuvo ayer en la apertura del curso del Consejo Consultivo, al que también acudió el presidente del Parlamento, Antonio Castro. Ambos coincidieron en señalar que sería conveniente ampliar el cometido asesor del Consultivo en planeamiento urbanístico, especialmente en lo relativo a las zonas verdes. Millán explicó que "al ser competencia de la Comunidad Autónoma, el urbanismo se ha suprimido del control del Consejo". "Se pretende recobrar para el cumplimiento de las garantías de la legalidad, sobre todo en las espacios zonas verdes", insistió, al tiempo que recordó que la institución ya se ocupó de esta materia cuando la legislaba el Estado.