A.M.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La nueva Ley canaria que regula la concesión de licencias comerciales priorizará los criterios territoriales y medioambientales para conceder nuevas licencias, acogiéndose a las excepcionalidades que otorga la Unión Europa a regiones como Canarias para dar vía libre a la construcción de nuevos establecimientos, aunque sin vulnerar la libertad del mercado.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de ley reguladora de la Licencia Comercial, una normativa que adapta la actual regulación de comercio a los nuevos criterios europeos establecidos en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior.
La normativa canaria utiliza la vía excepcional preestablecida por la propia directiva para mantener la concesión de Licencia Comercial en determinados supuestos antes de la implantación, ampliación o traslado de superficies de venta correspondientes a grandes establecimientos comerciales o centros comerciales, siempre y cuando superen determinadas superficies cuyos topes están establecidos respondiendo a las características territoriales y demográficas de cada isla.
Un comunicado hecho público ayer por el Gobierno, explica que la norma mantiene viva por tanto la existencia de un procedimiento de expedición de licencia comercial por motivos territoriales y medioambientales, causas justificativas aceptadas por la normativa europea para establecer una excepción a la norma general de abolir las licencias comerciales específicas en todo el territorio comunitario. "Las peculiares características territoriales y ambientales de Canarias son motivo sobradamente justificado para que la UE acepte que este Archipiélago mantenga cierto control sobre la implantación de nuevos establecimientos comerciales en un territorio fragmentado, escaso y con numerosos espacios naturales protegidos".
Según el Gobierno, el texto normativo "promueve garantizar el equilibrio comercial entre los distintos formatos implantados ya en las Islas y aquéllos que pretendan entrar en nuestro mercado para mejorar la oferta existente para los consumidores".
El proyecto de ley se compone de una exposición de motivos, 17 artículos divididos en V títulos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. El texto aborda tres cuestiones vinculadas a la actividad comercial: la obligada adaptación a la Directiva de Servicios en el Mercado Interior, la modificación de la normativa vigente sobre horarios comerciales y el desarrollo de la regulación de la actividad ferial en las islas.
Opiniones discordantes. El texto aprobado surge de un proceso "muy abierto y participativo", según la nota, "iniciado en febrero de 2008, en el que la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias ha escuchado y estudiado todas las opiniones que se han vertido desde los distintos colectivos, asociaciones de empresarios, agentes sociales, representantes de los consumidores y administraciones públicas relacionadas con comercio". No opinan lo mismo algunas organizaciones empresariales relacionadas con el sector comercial que consideraron desde el principio que no se les ha tenido el cuenta a la hora de diseñar la ley.
Desde que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo empezara el proceso de elaboración del proyecto de ley, se han dejado oír numerosas voces discordantes que han enfrentado a la Dirección General de Comercio con un sector de la patronal del comercio, ya que estos últimos consideraron que la nueva ley dejaba la concesión de licencias al criterio propio del director general de Comercio que estuviera en ese momento en el cargo.
El Ejecutivo canario eleva ahora el texto al Parlamento de Canarias con el objetivo de su debate y aprobación antes del próximo 28 de diciembre, fecha límite establecida por la directiva europea para la transposición de su contenido al ordenamiento jurídico de cada país miembro de la UE.
El Ejecutivo eleva al CES el proyecto de Ley de Actividades Clasificadas
la opinión | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias acordó ayer, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar, por la vía de urgencia, dictamen al Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
La urgencia de esta solicitud se justifica, no sólo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, dada la actual coyuntura de crisis, sino también en la necesidad de adecuar la vigente legislación a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que obliga a los estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.
Con este acuerdo de Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario. La nueva normativa comprende, por tanto, una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad y se sustituye la exclusividad del régimen de autorización, incorporando el de comunicación previa, el cual podrá utilizarse igualmente para la apertura de actividades clasificadas cuando la instalación haya sido previamente autorizada.
