El Supremo admite la queja del Gobierno sobre Tebeto

SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de queja presentado por el Gobierno de Canarias contra el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del pasado 26 de febrero sobre las montañetas de Tebeto (Fuerteventura). En dicho acuerdo se desestimó la solicitud del Gobierno de interponer un recurso de casación para anular la ejecución provisional de la sentencia de 11 de julio de 2008, que le obliga a pagar más de 100 millones de euros a Canteras de Cabo Verde S.A.

El hecho de que el Tribunal Supremo haya estimado el recurso de queja, no evita que el Gobierno deba hacer frente a la condena de julio de 2008, que puede pagarla en tres veces de aquí al año 2011. Por eso, además de la estimación del recurso, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer en el Pleno del Parlamento que también se ha estimado el recurso de súplica que ha interpuesto el Gobierno solicitando más tiempo para ejecutar el primer pago al que le obliga el TSJ (casi 34 millones de euros), cuyo plazo termina el día 21 de este mes.

Los motivos que arguye el Ejecutivo en ese recurso son dos: que necesita modificar el presupuesto y que dicha modificación debe ajustarse al informe de la Consejería de Economía sobre el fraccionamiento del pago.
El presidente informó de estas novedades en el caso Tebeto a instancias del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, cuyo portavoz, José Miguel Barragán, recordó que el TSJ concedió un tiempo ilimitado a Canteras de Cabo Verde S.A. para que presentara el aval al que está obligado para que el Gobierno cumpla la ejecución provisional de la sentencia, a pesar de que al principio sólo le había concedido 15 días. Por eso, pidió el mismo trato para el Ejecutivo, ya que éste, dijo, representa a los intereses de la ciudadanía canaria.

Esta no fue la única ocasión en que se habló ayer de Tebeto. Minutos después, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, tuvo que contestar a una pregunta del Grupo Socialista, cuyo portavoz, Santiago Pérez, quiso saber por qué el Gobierno no ha abierto la vía penal contra el informe de tasación del Canteras Cabo Verde S.A.
Ruano respondió que el Gobierno "no ha descartado nada", pero que la herramienta más eficaz que podía utilizar ahora es la de los recursos que ha interpuesto.

Pérez consideró si embargo que el Ejecutivo no sólo debe de intentar frenar la ejecución provisional de la sentencia, sino que además debe denunciar por lo penal la tasación de la empresa, como así lo ha hecho su partido. También recordó a Ruano que la denuncia hecha por los socialistas "puede ser ampliada en cualquier momento" y hasta convertirla en una querella.

El consejero le recordó a Pérez que lo que ha hecho el Partido Socialista es presentar la denuncia a la Fiscalía, que puede tardar hasta seis meses, prorrogrables a otros seis, en realizar la investigación oportuna.

Algo más de tiempo se ganaría, en principio, con el recurso admitido por el Tribunal Supremo, ya que tiene, como máximo, nueve meses para emitir una decisión.
Asimismo, el consejero anunció que el caso Tebeto deja de ser responsabilidad de las consejerías de Economía y Hacienda e Industria para pasar a ser tutelado por el conjunto del Gobierno. Santiago Pérez interpretó esta decisión como una desautorización del presidente a José Manuel Soria (titular de Economía y Hacienda), ya que "Soria bloqueaba una acción decidida del Gobierno". No obstante, a juicio del socialista, José Miguel Ruano también debería ser apartado del caso.

El Ejecutivo revoca las competencias de Hacienda e Industria sobre el caso

s.l.-j.a. | Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas

El Gobierno decidió el martes revocar "las competencias de las consejerías de Industria y de Economía y Hacienda para asumir colegiadamente todo lo relativo" al expediente administrativo y judicial del ´caso Tebeto´, tal y como anunció en el Parlamento el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero.

Esta decisión, que traslada la responsabilidad de las acciones a todo el Ejecutivo y no solo a los titulares de ambas consejerías, fue objeto de que el portavoz socialista, Santiago Pérez, afirmara que supone "una desautorización en toda regla" de José Manuel Soria, de quien el PSC viene diciendo que "está en el centro de la negativa del Gobierno a abrir la vía penal".

Para Pérez, esta "muy importante" decisión "debería ser completada retirando las competencias que sobre la dirección de los Servicios Jurídicos tiene el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano", pues "su trayectoria en este asunto no puede ser más lamentable".
Ruano, en cambio, aseguró que "la avocación no supone ninguna desautorización" sino que se refiere al hecho de que al ser la consignación presupuestaria "de tan elevada cuantía", se optó por que "la responsabilidad para ordenar las modificaciones presupuestarias se asumieran por los 11 miembros del Gobierno".

Por su parte, el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, afirmó que fue él mismo quien reclamó el martes en el Consejo de Gobierno que éste decidiera abocar las competencias de ese departamento en lo relativo al expediente Tebeto "porque la consejería no puede ordenar un pago sin más" y por lo tanto necesita "el visto bueno del Gobierno" en cualquier decisión al respecto.

Soria aseguró que esa "fue una petición que yo le hice al presidente del Gobierno a la luz del oficio que en términos personales, como consejero de Economía y Hacienda me había hecho la Sala de lo Contencioso del TSJC, ordenándome o recordándome la obligatoriedad de formular el pago de la primera parte de la indemnización".

Soria negó que se trata de una medida "defensiva" de su departamento para salvar la responsabilidad jurídica por no hacer efectivo el pago: "Es una medida para que la responsabilidad sea colegiada del Gobierno, y no de una sola consejería por el hecho de que hay un oficio dirigido a esa consejería. Un blindaje ante un más que probable impago.

Esta decisión y el anuncio de Paulino Rivero de que moverá "cielo y tierra" para evitar el pago de Tebeto podrían ser actos incluidos en la estrategia que lleva como fin no ingresar ni un sólo euro de dinero público en la cuenta corriente de Rafael Bittini. Quien mantiene intactas las competencias, sin embargo, es Ruano, responsable final del servicio jurídico.