EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, aseguró ayer que el Gobierno de Canarias no quiere explorar las posibilidades de la vía penal para eludir la indemnización de 102 millones de euros por el caso Tebeto debido a que, en términos políticos, a su vicepresidente, José Manuel Soria, "le conviene pagar y olvidar".
Según Pérez, la vía penal podría estudiarse ante la posibilidad de que el informe sobre la tasación del valor minero de Tebeto que presentó la empresa Cabo Verde fuera falso, pero el Gobierno ha descartado de antemano esa vía porque el informe fue realizado por un tío carnal de Soria.
El portavoz socialista indicó que un informe presentado por el ingeniero de minas del Gobierno de Canarias dice que la explotación de Tebeto apenas tiene valor, mientras que el informe de la empresa lo eleva hasta 94 millones de euros, de ahí que es posible que esa evaluación de los demandantes sea falsa.
Precisó que los socialistas no dicen que se recurra a la vía penal, sino que se estudie la posibilidad, porque hay que explorar todos los caminos que impidan que la Comunidad tenga que hacer frente a una indemnización de 102 millones de euros.
Amedrentar a la prensa. En otro orden de cosas, cabe subrayar que el grupo Socialista dirigirá una pregunta al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el próximo pleno del Parlamento para que explique si apoya que su vicepresidente, José Manuel Soria, utilice las querellas penales para amedrentar a los periodistas y a quienes denuncian e investigan la corrupción.
El portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, acusó a Soria de intentar amedrentar a los periodistas a través de la vía penal, después de que una sentencia absolviera a dos profesionales de la información denunciados por Soria, quien fue condenado a las costas del juicio y que pudo haber usado la justicia para silenciar a los periodistas, según el juez. Pérez cree que Soria siempre utiliza las querellas penales como un modus operandi para silenciar no sólo a los periodistas, sino también a la Policía y a un funcionario del Cabildo de Gran Canaria que declaró en su contra en el caso eólico. "Soria es un grave peligro para el normal funcionamiento de la convivencia democrática", afirmó Santiago Pérez asegurando que el PSC no va a mirar a otro lado".