Campaña de Greenpeace contra ´las maniobras del Gobierno´ para descatalogar los sebadales

LA OPINIÓN "El Gobierno de Canarias continúa empeñado en que el sebadal, planta submarina de gran valor ambiental, no moleste en la construcción del puerto industrial de Granadilla". Así comienza el comunicado de Greenpeace que anuncia una campaña de recogida de firmas contra la última "treta" del Ejecutivo para desbloquear el pleito de los sebadales y permitir que se construya el polémico puerto industrial de Granadilla, que ha despertado una de las mayores movilizaciones ecologistas que se recuerdan en Canarias.

Coalición Canaria presentaba a mitad de este mes de septiembre una Proposición de Ley con el pretexto genérico de preservar el medio y las especies protegidas, pero sin embargo escondía lo contrario, ya que pretende legitimar bajo ese título la descatalogación de los sebadales del sur de Tenerife y de este modo dar luz verde al puerto de Granadilla, paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las irregularidades detectadas en la descatalogación promovida por el Ejecutivo de Paulino Rivero. Pero, además, esta Proposición de Ley afectaría a la catalogación de otras especies y facilitaría la realización de grandes obras en lugares que, como Granadilla, pudieran resultar afectadas por las medidas de protección. Entre los grupos verdes, esta Proposición de Ley ya se conoce como 'ley antisebadal'.

Para Greenpeace, el último movimiento de CC esconde lo contrario de lo que dice perseguir, "ya que pretende legitimar bajo una nueva categoría de protección denominada 'especies de interés para los ecosistemas canarios' la desprotección de los sebadales del sur de Tenerife". "Además, esta propuesta de Ley, denominada como del Catálogo Canario de Especies Protegidas, pretende abrir la puerta a más obra pública y depredación del territorio canario. De hecho con esta Propuesta de Ley, presentada por el brazo político del Gobierno de Canarias, evitan dos escollos medioambientales con esta normativa. Al ser una Propuesta de Ley evitan que hayan informes técnicos de los expertos medioambientales de las Islas Canarias que defiendan la irracionalidad de la propuesta, y por otra parte, se abre la puerta a futuras obras faraónicas bajo el supuesto "interés público" de determinadas obras se podrá actuar siempre que no "afecten sensiblemente" a los ecosistemas", añadió la organización internacional ecologista.

Greenpeace ha lanzado una campaña de recogida de firmas on-line para reclamar al Gobierno de Canarias y a Coalición Canaria la retirada inmediata de esta Proposición de Ley. "Desde la Administración Canaria siguen promocionando el puerto de Granadilla como panacea para solventar la crisis económica. ¿No son conscientes aún que la ecuación: más obras=más actividad económica= más empleo, es errónea? Una vez más gritamos ¡No al puerto de Granadilla!", concluye el comunicado de Greenpeace, firmado por Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de la organización.

Ya el pasado 17 de septiembre, Ben Magec-Ecologistas en Acción tildaba de "asesinato al medio ambiente" la nueva propuesta del Ejecutivo canario sobre las especies amenazadas. Este es el comunicado íntegro hecho público por la organización canaria:

"Los partidos que sustentan el Gobierno de Canarias, con el permanente apoyo del Gobierno central, lejos de empezar a buscar nuevas vías para el desarrollo de Canarias en esta situación de crisis, aceleran el actual modelo hiperdesarrollista basado en el asfalto y el cemento que nos ha llevado al desastre. Y esto, a pesar de que todos los expertos internacionales coinciden que debe haber un cambio drástico para salir de la crisis, que entre otras cuestiones implica el no seguir construyendo mega-infraestructuras de transporte de dudosa o nula rentabilidad socioeconómica.

Para la organización ecologista, el empecinamiento en continuar con barbaridades como el puerto de Granadilla, reimpulsar un proyecto tan destructor como el puerto de Fonsalía (que parecía abandonado por su absoluta estupidez), empecinarse en meter sistemas ferroviarios en islas tan abruptas como las dos capitalinas, o continuar con la política de asfaltado generalizado -con más autovías y carreteras-, parece no tener límites, y sin duda la historia juzgará a los actuales gobernantes como los principales destructores de unas islas que poseían una biodiversidad privilegiada a nivel planetario.

Para la Federación ecologista lo único que frenaba esta destrucción sin límite eran unos servicios técnicos autonómicos y un marco normativo, que si bien no estaban ni de lejos dimensionados a la importancia natural de nuestro Archipiélago, sí permitían cierto freno a la política de "honkonización" que siempre han pretendido para estas islas. Este marco normativo y estos recursos humanos públicos han tenido un enemigo mortal en la persona que se supone debería ser su máximo aliado: Domingo Berriel, elevado a Consejero en materia ambiental con toda la intención del mundo por parte de los dos últimos presidentes del Gobierno de Canarias. Las purgas de funcionarios, el desmantelamiento de servicios básicos y el aniquilamiento de normativa de protección clave, dejará en su momento tras de sí una situación difícilmente superable para las generaciones futuras, y una Canarias sin duda en situación pésima.

Según el portavoz de Ben Magec – Ecologistas en Acción, Fran Castro, "el último invento del Consejero ha sido la nueva proposición de ley para aniquilar el actual catálogo canario de especies amenazadas, con una nueva propuesta de catálogo absolutamente descafeinado y pervertido". Y como ya ha tenido problemas con los informes internos de los funcionarios de la Consejería que no han avalado los disparates que continuamente pretende, no se le ocurre otra cosa que presentar una proposición de ley absolutamente técnica, y por tanto, materia que debería ser exclusiva del Gobierno, como propuesta del grupo parlamentario CC, y así evitar el control a dicho documento por parte de los servicios técnicos del Gobierno.

Para Fran Castro "esta proposición de ley no tiene otro objeto de permitir todos aquellos proyectos disparatados e ilegales, empezando por el puerto de Granadilla, de una forma patética y antidemocrática, rehusando el debate público y técnico, e imponiendo de una forma lamentable la destrucción generalizada de Canarias".

Ante esta situación, y como es habitual, la Federación ecologista hará todo lo humanamente posible para frenar esta impostura desde el punto de vista legal. Asimismo, hacemos un llamamiento para que la ciudadanía no se deje amedrentar por estos gobernantes plegados a cuatro empresarios que ven a Canarias como un solar, y solicitamos que no desfallezca y una vez más, salir a respaldar posibles movilizaciones masivas contra esta situación, que no sólo está machacando nuestro cada vez más escaso medio ambiente".