El juez evita la ´mordaza´ de Soria

D.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El juez Francisco Javier García Sotoca advierte en la sentencia en la que rechazó la denuncia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, contra los periodistas Carlos Sosa y Francisco Chavanel por supuestas calumnias e injurias, que "en definitiva, es necesario evitar que la acción penal [requerida por Soria] se pueda convertir en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades", en referencia a la libertad de expresión.

Soria dio ayer una respuesta lacónica. "Creo en la justicia y respeto sus decisiones, me sean o no favorables". El líder del PP canario quiso dejar claro, a través del espacio del partido en el portal de internet Youtube, que acata la decisión del Juzgado de lo Penal de Las Palmas de condenarlo a pagar las costas del pleito que en 2006 inició contra Sosa y Chavanel por artículos y reflexiones de estos en Canarias Ahora. Anunció también que recurrirá la sentencia: "No comparto su contenido".

La pretensión penal de José Manuel Soria era que Sosa y Chavanel fueran condenados a dos años de prisión o, si no, a una multa de 36.000 euros y, en caso de impago, 10 meses de privación de libertad. Además, pidió la indemnización por lesiones a su honor: "Por los perjuicios morales irrogados, el Sr. Sosa deberá abonar 500.000 euros y publicar a su costa la sentencia en tres periódicos de difusión nacional, canaria e insular. Virtual Press SL debe ser condenada a abonar solidariamente con el Sr. Sosa la cantidad de 250.000 euros y Canarias Ahora Radio debe ser condenada a abonar 500.000 euros".

Los periodistas habían revelado que Soria, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, residió gratis en el chalet de un empresario a cambio presuntamente de tratar de beneficiarlo en un concurso de potencia eólica en 2004. En su sentencia, el juez enmarca en el derecho a la libertad de expresión las informaciones de Canarias Ahora que destaparon, además, que el chalet dónde vivió el político era del empresario Javier Esquivel, al que supuestamente Soria trató de beneficiar impidiendo que al concurso eólico se presentara la empresa pública Megaturbinas de Arinaga y propiciando, a su vez, que las empresas de Esquivel accedieran a concesiones portuarias en un campo de vientos de altísima rentabilidad en el puerto de Arinaga.

La respuesta del PSC no se ha hizo esperar. El portavoz socialista en el Parlamento canario, Santiago Pérez, dijo ayer a Efe que José Manuel Soria es un "peligro" para el normal funcionamiento democrático. El portavoz socialista insistió en que es la tercera ocasión en la que los tribunales declaran que el número uno del PP canario intenta utilizar la justicia para "amedrentar" a las personas que cumplen con el deber de denunciar la corrupción y ejercer la libertad informativa.

Recordó Santiago Pérez que la primera vez fue cuando Juan Francisco Cabrera, denunciante "fundamental" de la trama eólica, fue despedido "ilegalmente" del Cabildo de Gran Canaria y los tribunales lo atribuyeron una represalia de Soria. Una posterior decisión judicial avaló la legitimidad de los argumentos de Francisco Cabrera.