D. MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, denunció ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obvió un informe del jefe de Minas de la comunidad autónoma en el que se ponía en entredicho los valores empleados por la empresa demandante, Canteras Cabo Verde, para solicitar una indemnización millonaria por los derechos de explotación de Montaña Tebeto.
El informe, de noviembre de 2006, establece que no se habían hecho los sondeos necesarios para calcular una indemnización de acuerdo con las características reales de la montaña majorera. Pero el TSJC sólo se basó en el cálculo de la empresa para establecer el año pasado una indemnización de 92 millones de euros –103 con los intereses de demora–, que tendrán que pagar los contribuyentes canarios.
Durante su comparecencia a petición propia en la reapertura del ejercicio parlamentario, Ruano, que no dudó en tildar la sentencia de "injusta", añadió otros dos detalles que el TSJC pasó por alto: que la tasación de Canteras Cabo Verde se basó en la traslación de unos sondeos efectuados en Tindaya, y no en Tebeto, y que en ningún momento del expediente se acompaña un documento que certifique que Bittini traspasó el permiso de investigación –obtenido en 1982– a Canteras Cabo Verde, que ese año todavía no existía.
Ruano pidió a los grupos políticos que dejaran de "mirar al pasado" para responsabilizarse de las culpas. "Este Gobierno ha defendido y defenderá los intereses públicos y presentará todos los recursos que sean necesarios para que los canarios no tengan que pagar ni un euro por Tebeto", reiteró el consejero. No consiguió frenar la batalla dialéctica. Los portavoces de CC y PP echaron las culpas a la gestión del Gobierno de 1993, de Jerónimo Saavedra, mientras el PSC señaló a la consejería que dirigió Luis Soria en 2004 y al actual Ejecutivo, por no elevar en el momento en que tenía que hacerlo la tasación alternativa.
Canarias tendrá un margen de 600 millones más de endeudamiento
saro díaz | Santa Cruz de Tenerife
Canarias está autorizada a endeudarse en 2010 un 2,5% más por encima del Producto Interior Bruto (PIB), lo que incrementa el margen de endeudamiento en 600 millones de euros ya que este año podía hacerlo en 425 millones y en 2010 podrá llegar hasta los 1.025 millones de euros, según destacó ayer el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, en su comparecencia parlamentaria sobre las perspectivas financieras del Anteproyecto de Presupuestos para el año que viene.
Soria explicó que, a su juicio, esto no es necesariamente bueno "porque supone incurrir en déficit aún más que en 2009" y tener que recurrir para pagar la deuda a los bonos "en un mercado ya inundado de ellos".
Asimismo, el vicepresidente anunció que en las Cuentas del próximo año "aumentará el Fondo Canario de Financiación Municipal en entre un 2,5 y un tres por ciento", insistiendo una vez más en que pese a la obligada disminución de los fondos "no habrá una merma en los servicios públicos fundamentales" sino "más eficacia en el gasto" a acometer en las áreas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
El vicepresidente canario reconoció que más del 80% del dinero presupuestario se destina a gasto corriente, lo que hace que tampoco haya demasiado margen de maniobra porque los servicios que atiende el personal hay que prestarlos. Será un Presupuesto "complicado, aún más que el de 2009", afirmó en otro momento de su intervención.
En cuanto a lo que tendrá que devolver la Comunidad Autónoma al Estado por dinero cedido a cuenta, el Gobierno canario todavía no ha recibido noticias sobre cantidades al respecto y se remitió a lo que se sabe por boca de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en el sentido de que las comunidades deben reintegrar al Estado unos 6.000 millones de euros en total. Soria, por otro lado, cifró en más de 45 millones de euros el dinero que "de algún modo" se ha quedado en las Islas en forma "de inversión o ahorro" debido a la supresión del Impuesto de Sucesiones.