Rechazo judicial a las críticas al ponente del ´caso Tebeto´

PEDRO GUERRA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Rechazo de plano a las críticas a Gómez Cáceres. Los representantes de Canarias de las cuatro asociaciones judiciales mostraron ayer su repulsa a las manifestaciones realizadas por el portavoz en el Parlamento de Canarias del PSC-PSOE, Santiago Pérez, en las que aseguró el martes que el ponente del ´caso Tebeto´ debió inhibirse por amistad con Rafael Bittini.
Ricardo Moyano, portavoz en Canarias de Francisco de Vitoria, la asociación a la que pertenece Gómez Cáceres, declaró ayer a este periódico que no comparte las críticas del PSC-PSOE: "No las comparto en absoluto. Lo que no puede ser es que se critique al juez cuando no te gusta la sentencia. El procedimiento legal es la recusación cuando existe una mínima sospecha de imparcialidad, no criticar a posteriori a los jueces". Para Moyano, es "improcedente" este tipo de críticas: "Ese tipo de declaraciones suponen un ataque a la independencia del Poder Judicial".
El representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba, también mostró su rechazo a las afirmaciones del PSOE, y dijo que "existen mecanismos legales para poner remedio a situaciones en las que un partido político considera que la independencia de un juez se ve comprometida, por eso son totalmente rechazables estas declaraciones".
El portavoz de la APM afirma que su asociación "rechaza rotundamente que un partido político acuda a los medios de comunicación para criticar una actuación judicial en vez de utilizar los medios legales para ello", explicó Alba, quien asegura que "se ha puesto de moda criticar las actuaciones judiciales cuando no favorecen".
Jueces para la Democracia también cree también que se deben utilizar los mecanismos legales para recusar a un magistrado. Victoria Rosell, la portavoz en las islas del colectivo progresista, considera que "sobre la amistad que denuncian, que a mí no me consta, habría que preguntarle a ellos. Pero ahora, que en vez de hablar de la actuación del Gobierno de Canarias en el ´caso Tebeto´, que según los informes podría suponer la quiebra del propio Gobierno, la defensa es atacar al juez, no me parece legítimo. El juez no es el objeto del debate".
Víctor Caba, de Foro Judicial Independiente, asegura que es "gravísimo hacer una acusación de ese tipo. Si se tienen pruebas, existen mecanismos legales para actuar".

Pérez apunta que se debe proceder contra el perito que tasó para Bittini

"Si la tasación que ha aportado ahora el Gobierno de Canarias es real, debe proceder contra el perito que hizo la tasación para Canteras Cabo Verde". Santiago Pérez se mostró ayer así de contundente, una vez más, para hablar del ´caso Tebeto´. Según la tesis del portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, esa podría ser una de las vías a explotar para evitar el pago de los 103 millones de euros a los que ha sido condenada la administración autonómica por los derechos de explotación de la montaña majorera.
"Que lo estudie y proceda, porque si el Gobierno considera que la tasación que presentó la pasada semana es la buena, eso significa que el informe presentado por Rafael Bittini contiene graves inexactitudes o falsedades", explicó Santiago Pérez a este periódico. "Esa puede ser una de las vías para abrir la revisión en el Tribunal Supremo", entiende el diputado socialista. En cualquier caso, es consciente de que para iniciar un proceso de revisión de sentencia habrá que esperar hasta que el alto tribunal resuelva la casación de la sentencia condenatoria contra el Gobierno regional. Con respecto al informe de tasación hecho público la semana pasada por el portavoz autonómico, Martín Marrero, que cifra en 1,5 millones el valor de Tebeto, Pérez cree que "se han perdido ya todas las oportunidades de presentarlo ante la Justicia".
Pero la vía de proceder contra el perito que hizo la tasación que sirvió para establecer la cuantía de la indemnización, en el caso de que se pudiera probar que existen irregularidades en dicho informe, no parece un disparate si se lee el Código Penal. Los artículos 458 y 459 del texto legal hablan del delito de falso testimonio. El primero de ellos, dice textualmente que "el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses", pero es el Artículo 459 el que se podría aplicar en el ´caso Tebeto´: "Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años". De esta manera, fuentes judiciales apuntan que, incluso, si hubiera indicios suficientes para abrir un proceso penal contra el perito del ´caso Tebeto´, se podría conseguir una paralización de la ejecución provisional de la sentencia, que obliga al Gobierno de Canarias a consignar los 103 millones de euros de la condena. Para ello, el Ejecutivo deberá reunir pruebas de la falsedad.