DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La indemnización millonaria que va a tener que pagar el Gobierno de Canarias a la empresa Canteras Cabo Verde –de 103 millones de euros– se calculó como si la piedra de Montaña de Tebeto tuviera mármol de calidad, cuando lo que realmente escondía en sus entrañas es arenisca sin apenas valor comercial. El hecho de que haya sido ahora, 16 años después de empezar todo, cuando por fin se supiera el verdadero valor de la montaña ha supuesto un nuevo golpe por culpa de lo que este caso va camino de convertirse en el desastre administrativo más caro de la historia de Canarias. Y lo peor es que si –como se prevé– los recursos judiciales del Ejecutivo no prosperan, cada canario va a tener que poner de lo que aporta a Hacienda al menos 51 euros para resolver este monumental desatino.
"Todos los parámetros analizados que definen el grado de explotabilidad determinan, sin lugar a dudas, la inviabilidad de realizar un aprovechamiento racional de la traquita de la concesión Carmen de Montaña de Tebeto como recurso de roca ornamental o piedra natural", señala uno de los informes técnicos realizados por un ingeniero de minas y un geólogo, que concluye: "Las rocas traquíticas de Montaña de Tebeto no son aptas para su aprovechamiento como recurso minero". De ahí que este estudio resuelva que el valor de la explotación no excedería nunca de 2,2 millones de euros, mientras el otro reduce incluso el máximo a 1,5 millones.
¿Y por qué por algo valorado técnicamente en no más de 2 millones de euros los canarios van a tener que pagar 103 millones, incluidos los intereses de demora? Porque hasta ahora la única valoración procedía de Canteras Cabo Verde (92 millones), porque un informe de los servicios jurídicos del Gobierno cargó en la Justicia la responsabilidad de hacer la estimación económica y porque fue el cálculo del demandante el que tuvo en cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuando en junio de 2008 falló a favor de la empresa por los daños y perjuicios generados al perder la concesión de los derechos de explotación de Tebeto.
Mientras el Gobierno aguarda con poca fe los recursos ante el Tribunal Supremo y el TSJC, que a lo sumo le privarían de tener que pagar ya la indemnización –extremo al que le obligó el alto tribunal canario en otra sentencia del pasado mes de junio–, el tiempo corre en contra de los intereses de los canarios. Cada día que transcurre la factura aumenta en 24.548 euros, el sueldo anual que ganan muchos trabajadores isleños al año. Por todo eso el alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, calificaba ayer como "duro" que los dos informes hayan revelado que se vendió gato por liebre.
El propio Saavedra figura en esta larga cadena de despropósitos que arrancó en 1993. Con él al frente del Gobierno y Paquita Luengo –hoy diputada regional– como secretaría técnica, se dio por caducado el expediente para la concesión del título minero a Canteras Cabo Verde. Luego llegarían los demás episodios en cadena del Gobierno de Manuel Hermoso, de Luis Soria como consejero de Industria o de Domingo Berriel cuando estaba al frente de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. El actual Ejecutivo canario ha dicho que moverá "tierra y cielo" para evitar pagar un sólo euro, pero por si acaso reajusta el presupuesto para prever tal sangría.
Santiago Pérez considera que el Gobierno "se dejó ganar"
acn press | Santa Cruz de Tenerife
El portavoz parlamentario del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Santiago Pérez, cree que el Gobierno canario ha reconocido implícitamente que "se dejó ganar" en el caso Tebeto, tras la presentación el miércoles de dos informes periciales sobre el valor de las explotaciones mineras que rebaja en 100 millones de euros, de 103 a un máximo de 2,2, el derecho a indemnización. Pérez sostiene que los informes llegan "extraordinariamente tarde", ya que el Gobierno no solicitó ninguno durante el proceso administrativo ni tampoco el judicial, y le pide que "deje de echar balones fuera" en cuanto a la responsabilidad que tiene en este caso.
"El Gobierno reconoce que se dejó ganar", declaró el portavoz parlamentario, quien argumenta que el empresario, Rafael Bittini, trató de fundamentar su derecho a indemnización en un informe pericial que nunca fue puesto en cuestión y "firmado por el señor López", en referencia al ingeniero encargado de la tasación, familiar del vicepresidente canario, José Manuel Soria.
"En Canarias todos los caminos conducen a Soria", agregó Pérez, quien no obstante se centró en el hecho, "al que se hace referencia constantemente en la sentencia" que condena al Gobierno a pagar 102 millones de euros, de que el Ejecutivo regional "nunca puso en cuestión" el citado informe pericial. No sólo dice que se hace referencia en la sentencia, sino que el juez, "del que tocará hablar más adelante", estaba "encantado" de que así fuera.
En este sentido, se quejó de que no se cuestionara, de que no se solicitara otro informe, por lo que "no hubo fase probatoria" en el juicio para contrastarlo y tampoco "se solicitó vista" para exponer los argumentos del Gobierno que lo que ha hecho es solicitar un recurso de casación, que considera "muy restringido".
