Tebeto: Las caras de un repóquer multimillonario

LA PROVINCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Rafael Bittini espera con paciencia y tranquilidad los movimientos del Gobierno de Canarias. Sobre la mesa tiene un repóquer de ases reencarnado en la indemnización más alta a la que se enfrenta la administración pública: 101.132.904 euros. De momento. Absurdo es esconderlo; imposible de contestar ahora. Salvo con la visa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Quién le iba a decir a José Manuel Soria (PP), vicepresidente del Gobierno de Canarias, que tres años después iba a tener que pagar, con cargo a la economía de las islas, por la decisión final de su hermano, Luis Soria, de conceder a Canteras Cabo Verde los derechos de explotación de la montaña de Tebeto en la época en que era consejero de Industria. Bien es cierto que lo hizo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, pero algunas voces censuran la escasa batalla judicial que dio el Gobierno de Canarias. La verdad es que siempre ha existido una actitud pasiva en este asunto. Y ayer, el PSOE llegó a decir que el Gobierno está "encantado" de tener que hacer frente al pago.

Cada día que transcurre la cuenta de la indemnización por el caso Tebeto aumenta en 24.548 euros, el sueldo anual de un trabajador medio español. En un mes, los intereses y gastos derivados de ellos suponen 736.466 euros. Y un año después de haber ganado una sentencia de reclamación patrimonial por valor de 92.295.312 euros, Rafael Bittini ha sumado 8.837.592 euros a la cuenta en intereses. Y los que quedan, pues el Gobierno no parece decidido a frenar la sangría. Unas cifras que asustan aunque se miren desde el lado más optimista, porque la versión pesimista es desoladora.

Jamás pensó el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, que la decisión de tres cargos de confianza suyos de declarar en 1993 caducado el expediente para la concesión del título minero que Rafael Bittini tenía entre manos iba a generar un varapalo judicial de semejantes consecuencias económicas. Y políticas. Dieciséis años después, las culpas del desastre rotan por las siglas de los tres grandes partidos políticos.

Corría el año 1993 cuando Canteras Cabo Verde se encontraba en la fase de investigación de un expediente que llevaba por fin conseguir los derechos de explotación de Tebeto. El equipo que Saavedra colocó al frente de Industria, con Andrés Calvo (ya fallecido) como consejero, Juan Mederos como viceconsejero y Paquita Luengo como secretaria general técnica, decidió dar por caducado el expediente. En parte debido a la inactividad que supuso que Bittini estuviera tres años, cuatro meses y seis días sin mover un solo papel del expediente, a pesar de los requerimientos que desde Industria se le hacían para presentar un plan de restauración de la zona sin el que era imposible la concesión.

Luego llegó el Gobierno del presidente Manuel Hermoso, que decidió cancelar el expediente de concesión de la explotación.

Pero Industria cometió un monumental error que permitió a Bittini conseguir el primer as del repóquer, el de corazones: veinte días antes de extinguir la concesión que tenía Canteras Cabo Verde, otorgó a una empresa de la competencia, Cantería de Arucas, un permiso para extraer piedra de una cuadrícula minera que se encontraba dentro del expediente que tenía Bittini. La desidia del empresario, compensada con un error administrativo.

Con la decisión de la Justicia ya inamovible, Rafael Bittini hace valer sus derechos y obliga a Luis Soria (PP), consejero de Industria, a que le otorguen los derechos de explotación reconocidos por ley. No se plantea ningún tipo de batalla legal y Bittini consigue su tercer as, el de picas, ante la escasa pelea con la que se encuentra en la Administración.

Con el título del derecho de explotación bajo el brazo, el empresario se va a un Ayuntamiento de La Oliva dirigido por Claudina Morales (CC) para solicitar licencia para extraer la preciada traquita que se esconde bajo la epidermis de Tebeto, pero tropieza con un informe en contra de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, dirigida por Domingo Berriel, hoy consejero que toma las decisiones relacionadas con este pleito en el Gobierno de Canarias.

Decía el Cabildo de Fuerteventura en aquel entonces que el planeamiento de La Oliva impedía la extracción en tres kilómetros a la redonda en el entorno de la montaña de Tindaya, que cogía de lleno a Tebeto. Esa prohibición supuso un as definitivo, el de diamantes, que le abrió a Canteras Cabo Verde la puerta de la indemnización millonaria.

"Si antes podía extraer la piedra y el Gobierno de Canarias me lo impidió, y ahora que puedo me lo impide el planeamiento, el Gobierno me debe indemnizar por ello", debió pensar Bittini, que pidió en la ejecución de sentencia una indemnización por daños y perjuicios, pero fue rechazada por el TSJC por entender que la vía correcta era iniciar un expediente de reclamación patrimonial.

Armado de paciencia, el empresario vuelve a la Sala en busca del comodín y consigue, en julio de 2008, una sentencia firmada por el magistrado Francisco José Gómez Cáceres que le concede una indemnización de 92 millones de euros más intereses. Solicitada la ejecución provisional, el Gobierno de Canarias tiene de plazo hasta mañana lunes para ingresar los 101 millones de euros en la cuenta de Bittini. Nunca una partida de póquer dio tantos beneficios. Tal vez porque las cartas nunca estuvieron tan marcadas.