S.D. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Se conoce que los primeros tienen menos que ocultar, y que los segundos conocen más trucos para evadir sus obligaciones fiscales. Asimismo, la recaudación que aportan al Estado las rentas altas apenas supone el 3,7% del total del IRPF.
Técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados bajo las siglas de Gestha han aprovechado la sequía informativa del verano para recordarnos la avaricia de los que más dinero tienen, aportando, eso sí, algunos datos como que, en el caso de Canarias, los asalariados y pensionistas, como media, declaran al año percibir unos 16.534 euros, mientras que los empresarios de distinto tipo declaran percibir de media al año entre 11.706 y 13.888 euros, según pone de manifiesto el informe Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los citados técnicos a partir de la última estadística del IRPF-2007, declarado en junio del pasado año.
Redondeando, puede decirse que asalariados y pensionistas canarios declaran a Hacienda entre 2.646 y 4.828 euros al año más que los empresarios de distinta clase radicados en las Islas. Tomando los datos a nivel nacional, el resultado es que trabajadores y pensionistas declaran entre 5.000 y 7.000 euros anuales más que los empresarios.
El estudio evidencia claras diferencias entre las rentas netas declaradas por trabajadores y empresarios y muestra que los trabajadores y pensionistas declararon, a nivel nacional, 18.400 euros de media, mientras que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que declaran sus rendimientos en estimación directa manifestaron ganar sólo 13.525 euros de media.
El informe de Gestha pone de manifiesto que el rendimiento declarado por las actividades económicas de los microempresarios en módulos fue todavía menor que el de los pequeños y medianos empresarios y profesionales, situándose en 11.567 euros.
Los técnicos de hacienda consideran "poco creíble que un trabajador o un pensionista gane de media entre 5.000 y 7.000 euros anuales más que los empresarios, notarios, arquitectos, abogados o médicos", lo que para ellos "es otra prueba evidente del enorme fraude fiscal que sitúa a España en el segundo o tercer lugar en el ranking de los países más defraudadores de la Unión Europea".
No obstante, el informe muestra que si bien el diferencial entre lo declarado por los asalariados y sus empleadores creció sin interrupción en el periodo 2000-2006, durante el año 2007 se acortaron las distancias sólo gracias a las rebajas fiscales aplicadas a las rentas del trabajo, puesto que los empresarios apenas incrementaron sus ingresos declarados. En 2006, los asalariados llegaron a declarar 6.462 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios y 8.131 euros más que los microempresarios en módulos.
En opinión de Gestha, "resulta desolador comprobar cómo los profesionales y los pequeños y medianos empresarios declaran en 2007 poco más de 3.200 euros más que en 1992 (un 31,82%) -fecha en la que se creó la Agencia Tributaria del Estado- y cómo los microempresarios declararon en 2007 poco más de 2.300 euros más que en 1992 (un 25.71%) cuando comenzaron a tributar por módulos".
Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados y los profesionales y empresarios en estimación directa se localizan en Madrid (7.794 euros), Asturias (6.968), Galicia (5.994) Cataluña (5.103) y Cantabria (5.012). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas fueron La Rioja (951 euros), Aragón (1.696) y Murcia (1.878).
Fraudes más usuales. Algunos profesionales liberales, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales. El régimen de módulos es el caldo de cultivo ideal para generar facturas falsas para grandes empresas o para otros empresarios que tributan en estimación directa de IRPF o régimen general de IVA, ya que el microempresario emisor de la factura no ingresará más a Hacienda, mientras que el receptor "contabiliza" un gasto y una cuota deducible en IVA, o su equivalente canario, el IGIC.
Asimismo, algunas empresas distribuidoras venden sin factura a los comerciantes minoristas que tributan en recargo de equivalencia del IVA porque a esos minoristas les resulta indiferente la factura al no poder deducirse sus compras como gastos. Los técnicos de hacienda aducen que la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal ya que no concentra las investigaciones en los principales focos de economía sumergida.
Un total de 747.295 cobran más de 60.000 E
Los contribuyentes que gozan de una fortuna de envergadura, que ascienden a unas 35.000 personas en toda España, podrían aportar unos 1.000 millones de euros a las arcas públicas, según señala Gestha, que elaboró un informe al respecto a raíz de las declaraciones del Ministro de Fomento, José Blanco, en las que proponía elevar los tipos impositivos a las personas con mayor renta como vía recaudatoria en tiempos de crisis, lo que ha levantado ampollas entre los conservadores. Sin embargo, el caso es que la recaudación que aportan al Estado las rentas altas (contribuyentes que declaran ganar más de 60.000 euros anuales netos) apenas supone el 3,7% del total del IRPF. En España hay 747.295 contribuyentes con rendimientos declarados de más de 60.000 euros.
Desde el punto de vista de los técnicos de Hacienda, "la lucha eficaz contra el fraude fiscal es la vía fundamental para cuadrar las cuentas sin recurrir a la subida de impuestos ni al endeudamiento público" y con la que el Estado obtendría la mayor cantidad recaudatoria. Gestha propone que el Estado adopte medidas que permitan reducir a la mitad la economía sumergida hasta alcanzar tasas similares a las del entorno europeo (10-12%) ya que así "la recaudación alcanzaría los 25.000 millones de euros", a los que se debe sumar además "otros 13.000 millones de euros procedentes de cuotas impagadas a la Seguridad Social".
Por último, el colectivo que agrupa a los técnicos de Hacienda propone avanzar en una fiscalidad medioambiental, creando nuevos impuestos dirigidos a las industrias más contaminantes, con deducciones para las empresas que inviertan en sistemas para reducir la contaminación, estableciendo, por ejemplo, una tasa a los fabricantes e importadores de bolsas de basura de un solo uso, por resultar altamente contaminantes.
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