´Liberto me prometió invertir sin riesgo y se llevó la pasta´

RUBÉN REJA-JAVIER BOLAÑOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Aún no se lo cree, pero la realidad es que ha perdido 120.000 euros en la peor inversión de su vida. Ezequiel Rodríguez, propietario de Charter Marítima, confió sus ahorros a Liberto Martín de La Rosa, el gestor financiero responsable de la presunta estafa de tres millones de euros a cuarenta inversores canarios. "Nos prometió una alta rentabilidad (11% de interés) en un producto sin riesgo alguno, del que podríamos disponer libremente en cualquier momento y sin penalización, y lo que hizo fue llevarse la pasta y salir huyendo", lamenta Rodríguez, quien ya ha denunciado el caso ante la autoridades.
Este empresario, que reconoce sentirse "engañado y defraudado", contrató los servicios contables de Tax Finanzas y Mercados, sociedad dirigida por De La Rosa, y a raíz de esta relación "nos convenció para que invirtiéramos sobre seguro y con la garantía de Bankinter", continúa Rodríguez, al que no le tiembla la voz al llamar "chorizo financiero y ladrón con corbata" a De La Rosa.
"Abusó de forma descarada de nuestra amistad y nos engañó una vez, pero no más", en referencia a las declaraciones del gestor financiero del pasado jueves, en las que se comprometía a devolver el dinero. "Miente de forma rastrera y lo sabe. Se ha gastado nuestros ahorros en lujos y encima anda suelto y sin fianza", subraya Ezequiel.

Embargo de bienes. De hecho, el gestor financiero, que mantenía hasta hace dos semanas un contrato de representación con Bankinter, se puso en contacto con este empresario y su esposa para darles explicaciones, "que no nos convence lo más mínimo".
Por su parte, fuentes de Bankinter destacaron ayer que "no negociaremos nada" con el gestor, "que ha cometido un delito y por el que le hemos denunciado". Es más, Bankinter ha reiterado a la jueza del caso, Leticia Mateo, que embargue todos los bienes del imputado para responder a la deuda con los clientes.
Ezequiel Rodríguez insiste en que De La Rosa era un agente de Bankinter acreditado y que, incluso, poseía varios documentos con el membrete de la entidad. "Pedimos justicia y que se depuren todas las responsabilidades posibles, entre las que deberá estar la entidad para al que trabajaba", concluye.

Denuncias de los afectados

La presunta estafa financiera de más de 3 millones de euros en Canarias ha salpicado a casi medio centenar de inversores en las Islas, que ya han comenzado a denunciar a Liberto Martín de La Rosa como el principal responsable de la presunta desaparición de su dinero. De esta forma, muchos de los afectados no sólo se han dirigido ya a la Policía para denunciar al responsable de Tax Finanzas y Mercados, sino que han optado también por comunicar sus reclamaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ante el propio Banco de España. Además, esto supone que ambos organismos actuarán, ya no sólo de oficio, sino motivados por la denuncia de los particulares. En este sentido, el principal argumento con que cuenta la CNMV es que Tax Finanzas y Mercados estaba dando asesoramiento financiero sin haberse registrado en esta entidad pública. Un requisito fundamental para poder operar, y que podría acarrear una sanción de hasta 600.000 euros a De La Rosa.

El grupo Tax estudia pedir daños y perjuicios

El Grupo Tax Economistas y Abogados, la matriz de la empresa canaria denunciada por un presupuesto caso de estafa y falsificación, estudia presentar una demanda por daños y perjuicios contra Liberto Martín. La portavoz, Raquel Moreno, mantiene sus dudas de que pueda reunir el dinero para saldar con los afectados, como declaró ayer a este periódico.
"El daño a la imagen de la empresa en Las Palmas es muy alto". Raquel Moreno alega que su empresa ha sido también una de las víctimas de las actividades del denunciado, que operaba como franquiciado y que en ningún momento habían detectado "nada raro" que pudiera presagiar posibles irregularidades.

Pérdida de clientes. Esta es una de las razones por las cuales Tax está estudiando presentar en el juzgado una demanda para exigir que se les compense por los perjuicios que les ha causado, ya que temen la pérdida de clientes a los que les prestaban sus servicios de asesoría empresarial. De momento, la compañía espera que el juzgado levante el precinto a sus cinco oficinas de Canarias. Raquel Moreno recalca que tras conocer la actuación policial rescindieron el contrato que unía a ambas partes, y que desde entonces no han tenido contacto.