JESÚS MONTESDEOCA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Cabildo de Gran Canaria y varios ayuntamientos de esta isla se sienten perjudicados en el concurso de la energía eólica y ayer denunciaron que el Gobierno autónomo adjudicó potencia al Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y el PP, y excluyó todos los proyectos presentados por las empresas públicas de Gran Canaria o Lanzarote, donde gobiernan los socialistas o Nueva Canarias.
El Cabildo de Tenerife, a través de su Instituto Tecnológico de Energía Renovable (ITER), obtuvo 18,4 megavatios en el complejo medioambiental de Arico, mientras que los cuatro proyectos promovidos por la corporación grancanaria han quedado fuera. Los ayuntamientos de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio ya han decidido recurrir en la vía administrativa y no descartan hacerlo también en los tribunales, al entender que la Consejería de Empleo, Industria y Comercio también ha favorecido a determinadas empresas privadas en detrimento de las públicas, pues cuanto hubo empate en las puntuaciones entre unas y otras "se inventaron nuevos criterios para dejar fuera a los proyectos municipales", según anunció ayer el alcalde de Agüimes, Antonio Morales.
Por su parte, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), dependiente del Cabildo, también está analizando el expediente con la intención de recurrir las adjudicaciones, informó Román Rodríguez, máximo responsable de la SPEGC y vicepresidente de la Corporación. Otro tanto está haciendo el Consejo Insular de Aguas, que junto al Ayuntamiento de Agüimes presentó proyectos para instalar dos parques eólicos en Arinaga.
Al margen de los aspectos técnicos del concurso eólico, tanto Morales como Rodríguez acusaron al Gobierno regional de poner en manos privadas unos recursos energéticos que "son de todos", caso del sol y del viento, cediendo los beneficios a empresas que en muchos casos ni siquiera están radicadas en las Islas.
Así, Morales dijo que "es increíble que una energía que pertenece a todos no pueda ser explotada y rentabilizada por los poderes públicos", como sí ocurre en otros países europeos y en comunidades autónomas como Navarra.
Distintos baremos
Antonio Morales denunció ayer que el Gobierno regional "ha aplicado baremos que no estaban en el pliego de condiciones del concurso eólico", por lo que mostró sus "sospechas" de que se ha querido excluir deliberadamente a las empresas públicas del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos que forman la Mancomunidad del Sureste, donde no gobierna el Pacto CC-PP. Morales no entiende que se haya adjudicado un parque al Cabildo de Tenerife y se excluyan los de Gran Canaria, cuando sus condiciones son iguales.
Rodríguez: "Vuelven a discriminar a Gran Canaria"
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, consideró ayer que el Ejecutivo de Paulino Rivero ha vuelto "a discriminar" a las instituciones grancanarias que no están gobernadas por el Pacto CC-PP y también se quejó de "favoritismo" hacia algunas empresas privadas, que han obtenido abjudicaciones en varias islas.
La única excepción ha sido el Cabildo de Tenerife, a su juicio porque el Gobierno regional "nunca se hubiera atrevido a contrariar a ATI-CC" ni al presidente de la corporación tinerfeña, Ricardo Melchior. Rodríguez recordó que la Dirección General de Industria del Gobierno autónomo también excluyó en Lanzarote el proyecto de la empresa pública Inalsa, lo que obligó a suspender la adjudicación. Sin embargo, tras las alegaciones de Inalsa y la revisión de los proyectos volvió a quedar fuera, lo que atribuyó a razones de tipo político.
El número dos del Cabildo grancanario consideró que "una parte de las energías renovables deben tener participación pública, pues el sol y el viento son de todos". Al respecto, señaló que la gran parte de la potencia eólica adjudicada en los últimos meses ha quedado en manos de empresas foráneas, por lo que los beneficios que obtengan no van a repercutir en las Islas, lo que sí hubiese ocurrido si se hubiesen puesto otros criterios de adjudicación en el pliego de condiciones del concurso.