El Estado recurrirá la ley que ordena núcleos en el litoral

ACN PRESS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y de acuerdo con el Consejo de Estado, acordó ayer solicitar al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en su litoral.
La Ley canaria argumenta que la regulación contenida en la legislación estatal de costas pretende sustituir en territorio canario el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de competencias para ello, ya que la legislación estatal es básica en materia de protección ambiental de la costa, vulnerándose el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.
La norma impugnada pretende asimismo modificar la Ley de Costas vigente, para configurar un nuevo supuesto en los casos en que la Ley y el Reglamento de Costas previeron una reducción a 20 metros de la servidumbre de protección. Es decir, la Ley de Costas permite la aplicación de la servidumbre de 20 metros, de forma transitoria, a los terrenos clasificados como urbanos en el momento de la entrada en vigor de la ley, el 29 de julio de 2008.
En los demás casos, se prescribe la aplicación de la servidumbre de 100 metros, como medida de protección del medio ambiente. La Ley impugnada olvida las distinciones que la Ley de Costas y su Reglamento realizan según existiese clasificación urbanística o no. Por otro lado, la Ley canaria atribuye a la Administración autonómica el establecimiento unilateral y de forma autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuando la servidumbre de protección se debe fijar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento, correspondiendo a la Administración del Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre, el deslinde de éste.
Por último, el Gobierno destaca en su recurso que la competencia para otorgar o no autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre corresponde a la Administración General del Estado.

Dinero para parques nacionales
efe
El Gobierno de España repartirá diez millones de euros entre las autonomías que tengan parques nacionales en su territorio para financiar proyectos de desarrollo económico y social compatibles con la protección del medio ambiente. A Canarias le corresponden 1.755.323,74 euros por sus cuatro parques nacionales: La caldera de Taburiente, El Teide, Timanfaya y Garajonay. El Consejo de Ministros aprobó precisamente ayer la distribución de los fondos, tal y como fue acordada el pasado 15 de junio en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.Estas ayudas, que financia el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, subvencionarán iniciativas públicas de modernización de infraestructuras de uso común y proyectos (públicos o privados) de conservación o restauración del patrimonio natural, entre otros.
También podrán financiar la restauración de edificios tradicionales, actividades destinadas a la atención de visitantes y a la comercialización de productos artesanales, y acciones de divulgación de los parques o de formación de la población local.