El Parlamento rehúye la crítica a las Cuentas isleñas

SARO DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Todo es perfectible, y aún más la gestión de las Cuentas de la Comunidad Autónoma. Lo que resulta difícil es mejorar sin crítica constructiva, un concepto que los diputados de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) rehuyeron ayer frente a un Grupo Parlamentario Socialista que propuso instar al Gobierno de Canarias a llevar a cabo una revisión urgente de sus procedimientos de gestión y recaudación. Pero no halló eco alguno en los grupos que sustentan al Ejecutivo, quienes prefirieron pasar una manita alentadora al informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2007 en forma de propuesta de resolución en la que se insta al Gobierno a "atender los comentarios de la Audiencia" referidos a la legalidad y el seguimiento económico contable; se congratula del "grado de colaboración, cada vez más intenso, entre la Audiencia de Cuentas y la Consejería de Economía y Hacienda", y se comunica al Ejecutivo el requerimiento de hacer "especial hincapié sobre la necesidad de tomar medidas correctoras conducentes a evitar que en el proceso de fiscalización de las futuras cuentas generales" se tengan que producir observaciones que sonrojarían a un contable de segunda fila.
Sin embargo, la propuesta de resolución socialista respecto al informe de las cuentas públicas de 2007 instaba al Gobierno a implantar "un sistema contable de gastos de financiación afectada de cara a conocer el déficit o superávit de financiación de cada ejercicio así como el remanente de tesorería y el disponible para gastos generales". Y es que, tal y como se presentan hoy por hoy las cuentas, ni se sabe de cuánto dinero se dispone. El diputado socialista Blas Trujillo subrayó "el brutal incremento de los pendientes de cobro", que crecieron casi en un 28% en 2007 respecto al ejercicio anterior, así como que se sigan produciendo en las cuentas públicas "descuadres que pueden alcanzar los 88 millones de euros". Para el PSC, resulta "injustificable" el elevado volumen contabilizado como acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, 127´9 millones de euros, por los organismos autónomos y entes de derecho público. En 2007 la cifra se duplicó respecto a 2006 y resulta muy destacable que un 68% del total correspondan al Servicio Canario de Salud (SCS), que incrementó en 6,5 veces el importe registrado en 2007 en el apartado de acreedores por operaciones extrapresupuestarias.
Trujillo manifestó que es necesario que Canarias delimite mediante alguna norma el abuso que se hace de los gastos fuera de presupuesto, llamando la atención ante el hecho de que, excepto el Instituto de Administración Pública, el Instituto Canario de la Vivienda, la Academia Canaria de Seguridad y el Consejo Económico y Social, "el resto de los organismos autónomos" presentan presupuestos francamente desequilibrados debido a contrataciones. Trujillo fue más lejos al asegurar que podríamos encontrarnos "ante un posible delito contable" al resultar que a lo largo de 2007 "sólo se han regularizado 46 euros" de los miles que había en 2006 correspondientes a deudores que no estaban en el presupuesto, aunque el portavoz de CC, José Miguel Barragán, aclaró que no hay atisbo de delito porque fueron conceptos que se contabilizaron erróneamente en unas partidas cuando debían estar en otras. Sin embargo, Blas Trujillo criticó que la Cámara parlamentaria se dedique a analizar pormenorizadamente un solo contrato y luego el SCS tenga más de 5.000 declarados nulos.