Demasiado lastre para un Gobierno sin talento

DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE Es difícil saber si al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, le alegró más la marcha de López Aguilar del Parlamento regional o el reciente sobreseimiento del caso salmón, que exime de responsabilidades penales a su vicepresidente, José Manuel Soria, pero lo cierto es que estos dos episodios de escaso impacto para el interés general son prácticamente las mejores noticias para el paulinato en una VII Legislatura plagada de tensiones y durante la cual el Ejecutivo ha demostrado carecer del mínimo talento para manejar el periodo más enrevesado y duro de las dos últimas décadas.

A punto de alcanzar el ecuador del ejercicio –se cumple el próximo miércoles, día en el que harán dos años de las últimas elecciones autonómicas y municipales–, ni siquiera el equipo de Rivero ha logrado suavizar la especial animadversión con la que ya partió cuando se consumó un pacto CC-PP que estaba cantado. Era demasiado lastre gobernar con las dos formaciones que habían perdido las elecciones (318.000 votos para el PSC, 223.165 para el PP, 213.986 para CC), demasiado lastre que el candidato fuera el de la tercera clasificada, demasiado lastre que además lo fuera el representante de un nacionalismo en picado (sobre todo en Gran Canaria) y que repitiera encima candidato tinerfeño.

Para colmo, los resultados de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 confirmaron los peores presagios, lo que empezó a encender las alarmas entre los coalicioneros: ya en las autonómicas y municipales de 2007 perdieron con respecto a las de 2003 un total de 52 concejales, tres consejeros insulares y cuatro diputados regionales, mientras en las nacionales se quedaron sin grupo y pasaron de tres a dos diputados. Sólo cabía una opción para seguir en el poder: repartir el pastel con el enemigo más cómodo, el PP (tú te llevas esto, yo me llevo lo otro), y prometerse fidelidad. Porque en el fondo no había proyecto.

Pero había otra desventaja peor: la herencia de 15 años de gobiernos nacionalistas que habían dejado la sociedad más desigual (136.000 familias bajo el umbral de la pobreza frente a los 100 canarios más acaudalados que acaparan cada uno fortunas superiores a los 10 millones de euros) y la Canarias más frágil para una crisis tan acentuada como la actual: fracaso en la tan manida diversificación económica, fracaso en educación, fracaso en innovación y tecnología, fracaso en calidad democrática...

Y eso pese a que las Islas hacía tiempo que disfrutaban de un trato especial como el que le otorga el Régimen Económico y Fiscal (REF) o el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o como le da las ayudas europeas y estatales que tienen en cuenta la ultraperificidad. Por ejemplo, Canarias es la quinta comunidad más beneficiada en transferencia de competencias y arroja, desde 1991 a 2005, un saldo fiscal extraordinariamente favorable de 2.555 millones de euros al año, según un estudio del BBVA.

Suspensos de la ciudadanía. Por todo eso y por la inmediata certeza, nada más escuchar a Paulino Rivero en su investidura del 11 de julio de 2007, de que se nos venía encima más de lo mismo, ha ido creciendo entre la sociedad el rechazo y el hastío hacia la gestión de esta casta dirigente. Sólo habían pasado cinco meses y ya el Gobierno era la institución con diferencia peor valorada por los canarios, según un barómetro del Consejo Económico y Social. El suspenso volvió a repetirse en el barómetro de 2008, mientras el 39% de los isleños calificaba de mala la situación política y el 45% creía que iba a empeorar en los meses siguientes.

No andaban equivocados. El show de las últimas semanas es sintomático de la sensación de degradación. El Archipiélago padece la peor tasa de paro de España (26,12% según los últimos datos de abril), sufre el mayor número de desempleados de su historia (246.000), padece un conflicto que va a más entre cabildos y Gobierno como consecuencia de las transferencias económicas y no termina de verse ningún brote verde en el horizonte. Frente a semejante panorama, el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente está más preocupado de alimentar la teoría de una conspiración político-judicial contra el PP (¿y el archivo del caso salmón cómo se explica entonces?) y de obtener grabaciones sin autorización para luego pasarlas a medios de comunicación afines y enarbolarlas en el mismo Parlamento. Así sucedió el pasado 14 con el espectáculo kafkiano de su reprobación resuelta a su favor por el pacto.

Lo importante es mantener el reparto del pastel cueste lo que cueste y por eso el pacto aguanta y el gabinete Rivero se mantiene inalterable. Ningún consejero ha sido sustituido, nadie tiene ninguna culpa, Soria ha manifestado no tener la menor intención de evitar que su borrascosa presencia como número dos de Rivero nuble los verdaderos problemas a los que debería dedicarse, y menos tras el archivo del caso salmón... Y paralelamente sobrevive esa estrategia victimista y lloricona tan propia de los gobiernos canarios, que tienen en ese ente llamado Madrid a su principal enemigo, su preferida excusa y su gran salvación.

Todo viene aderezado con soluciones precipitadas y populistas (el anuncio de un plan para repartir comida casi caducada entre los desfavorecidos que se ha quedado en nada, una estrategia de empleo para los de aquí y de control poblacional tildada de xenófoba, la insistencia en culpar a los inmigrantes de todos los males cuando son el eslabón más débil de la cadena, la tan denostada comisión parlamentaria sobre menores desaparecidos), mensajes alarmistas (las famosas declaraciones de la consejera de Turismo, Rita Martín, de que el sector está "en caída libre"), una televisión pública descaradamente oficialista, una política de control y reparto "a los amiguetes" de la tarta mediática contestada hasta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sentencia del 11 de diciembre de 2008, en respuesta a una denuncia de La Opinión de Tenerife, que suspendió el concurso de los principales lotes de TDT de Tenerife por claras arbitrariedades), planes anticrisis que no contentan a nadie (ni a sindicatos ni a asociaciones empresariales), tibieza para enfrentarse a la falta de ética y la corrupción, empecinamiento por sacar adelante la Policía Canaria en plena recesión o los casi 200 millones de euros que se tendrían que pagar por casos como Las Teresitas, Tindaya o Tebeto a costa del erario público.

Herida por no haber podido acceder al poder pese a ganar las elecciones y dividida entre juanfernandistas y antijuanfernandistas, la oposición socialista tampoco ha ayudado mucho salvo para alimentar un ambiente de creciente crispación. Ahí están los calificativos histriónicos con que nos suele brindar López Aguilar, ahora candidato a las europeas: "Gobierno bananero", "longaniza de pufos", "borrachera de amiguismo"... El PSC mantiene su bloqueo a la renovación de los órganos parlamentarios o la conformación de un nuevo Estatuto de Autonomía, al tiempo que contradictoriamente los socialistas del Gobierno central viven una especie de luna de miel con Coalición a costa de que ésta les dé los apoyos que necesita para superar su delicada situación en el Congreso.

Al paulinato ya le salen hasta críticas internas, como cuando el portavoz parlamentario coalicionero, José Miguel Barragán, manifestó que si fuera presidente haría cambios en el equipo de consejeros y le llegó a poner un cinco raspado de nota, con la consiguiente bronca del presidente porque Barragán lo había expresado justo en los días previos al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. O como cuando Soria se desmarcó del reparto de alimentos casi caducados o del plan de empleo ultranacionalista y excluyente.

Paulino Rivero ha aguantado con cierto estoicismo, gracias fundamentalmente a esa cualidad de corredor de fondo (de hecho, le gusta practicar el atletismo) que le da su dilatada trayectoria: ha pasado en 29 años de ser maestro y alcalde de El Sauzal a presidente de la comisión de investigación parlamentaria de los atentados del 11-M y presidente de Canarias. Con ello suple su falta de brillo y sus evidentes carencias dialécticas. Sus discursos no pasarán a la historia, pero sí una capacidad de aguante para afrontar la escasa simpatía que despierta y superar cierta sensación de aislamiento hasta en el seno de su propio partido: en el último congreso de octubre de 2008, CC dio la espalda a su candidato (Torres Stinga) y se impusieron los barones insularistas con la majorera Claudina Morales.

Voluntarismo no le falta. Sólo en los ocho primeros meses de mandato, su gabinete calculó que había recorrido 64.154 kilómetros. Esa es su estrategia: ser un presidente cercano, omnipresente, "de la gente", regionalista, con una agenda cargadísima. El problema es que ni así ha logrado mejorar su popularidad ni tampoco mejorar Canarias.

¿Y la participación ciudadana?

Si la introducción de la felicidad fue la sorpresa del discurso de investidura de Adán Martín, la promesa de mejora de la participación ciudadana fue lo novedoso del de Paulino Rivero. El 11 de julio de 2007, Rivero prometió una ley de participación en menos de un año y mejoras democráticas. Casi dos años después, ni ha llegado ese marco (si bien es verdad que está siendo preparado por el director de Relaciones Institucionales, Manuel Martínez Fresno) ni el propio presidente quiere mojarse cuando se le pregunta por la necesidad de reformas en el sistema electoral que permitan conformar unas administraciones más plurales.

Ya Juan Fernando López Aguilar supeditó en el inicio de la VII Legislatura su apoyo a un nuevo Estatuto de Autonomía a cambios en el sistema electoral que pasaran por la reducción de las barreras (fijadas en un 6% en la circunscripción regional y un 30% en la insular) . Ni en ese momento ni cuando el pasado 13 de abril Santiago Pérez, portavoz parlamentario socialista, planteó una reducción al 5% de la barrera insular, se ha manifestado con claridad el presidente, consciente de que precisamente el sistema electoral de la triple paridad (la comunidad, las dos provincias, las siete islas), aún cuando es el más restrictivo de Europa, beneficia a los intereses de CC. Tampoco dijo nada Paulino Rivero cuando el 24 de septiembre del año pasado, el Parlamento condenó los editoriales del editor-director de El Día, José Rodríguez, por su pleitismo y sus ataques a Gran Canaria, utilizando incluso el accidente aéreo de Barajas, en el que murieron 70 residentes grancanarios. Y eso que durante su discurso de investidura, el presidente dijo: "No podemos echar irresponsablemente a pelear a los canarios de unas Islas contra otras". ¿Entonces?