EFE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Fiscal Anticorrupción ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechazaba la denuncia del periodista Carlos Sosa contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por la supuesta comisión de delitos en el "caso eólico" y pide que se investiguen los hechos.
El fiscal Luis del Río señala que no existe "una mínima base probatoria" de que Soria pudiera estar o fuera artífice de esos delitos, pero indica que si surgieran indicios incriminatorios en la investigación, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC sería la competente para la instrucción de la causa por su condición de aforado.
Del Río entiende que no es posible el rechazo total que supone la inadmisión de denuncia sin la práctica de diligencia alguna, por lo que solicita que se incoen diligencias por parte del Juzgado de Instrucción de Las Palmas que por turno corresponda.
Para el fiscal, en la denuncia del periodista aparecen expuestos diversos indicios sobre el uso de información privilegiada para intentar favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de parques eólicos en el concurso convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías en octubre de 2004.
En cuanto al cobro de la supuesta dádiva por parte de Soria por el disfrute de un inmueble propiedad de la entidad Atlantic Buildingas SL, de la que es propiedad uno de los empresarios supuestamente implicados en la investigación, Luis del Río cree necesario que previamente se hubiera acreditado la falsedad de las facturas presentadas que se le imputan a su mujer, y no a la persona aforada.
Señala que no corresponde a la Sala de lo Civil y Penal instruir este hecho, salvo que surgieran nuevos elementos de prueba que implicaran a Soria. Para el fiscal "resulta sorprendente" la condición que se fija en el contrato firmado entre el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas José Manuel Arnaiz con Mediotec Inversiones SA y Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL para participar en el concurso eólico, considerado lesivo por el Ministerio de Fomento. Cuestiona que la Autoridad Portuaria decida presentarse al concurso con los estudios de la anterior empresa -a cambio de precio- para después convocar un concurso y, si ésta no resulta adjudicataria, pagar otro precio adicional.