El CGPJ recrimina a Soria sus ataques

EFE.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo dijo hoy que hay que rechazar las valoraciones de políticos y ciudadanos que constituyan un ataque a las instituciones y a la independencia del Poder Judicial porque son un "grave quebranto al Estado de Derecho".

Así lo afirmó la portavoz al ser preguntada por la denuncia manifestada en una rueda de prensa por el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, imputado por un supuesto cohecho en el Caso Salmón, sobre las "falsedades" contenidas en dos informes policiales elaborados por orden de su instructora para comprobar la veracidad de los documentos bancarios que ha aportado a la investigación.

Al respecto, Gabriela Bravo afirmó que "las valoraciones de políticos y de ciudadanos en general, en principio, merecen respeto como ejercicio de su propio derecho a la libertad de expresión", aunque agregó que las que puedan constituir "un ataque a las instituciones, a la independencia del Poder Judicial, a la propia responsabilidad y al buen hacer de jueces y magistrados tienen que ser rechazadas porque constituyen un grave quebranto para el funcionamiento del Estado de Derecho".

Bravo también aludió hoy, al ser preguntada por los periodistas en un receso del curso "Oratoria y Comunicación", en el que intervino, por las filtraciones a un periódico local, antes de que llegaran al TSJC, de los informes policiales criticados, por "sesgados y malintencionados", por el también presidente del PP en Canarias.

Estas filtraciones motivaron que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que instruye el Caso Salmón, interpusiera una denuncia por un supuesto delito de revelación de secretos, por la que hoy estaban llamados a declarar como testigos la jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega Caamaño, dos comisarios y dos agentes, que finalmente no testificaron porque el juez suspendió la cita.

Sobre este asunto, la portavoz del gobierno de los jueces dijo que "el CGPJ rechaza absolutamente las filtraciones porque no puede considerarse que formen parte del contenido del derecho a informar, que ha de ejercitarse dentro de los parámetros que marcan nuestras leyes y sabiendo conjugar los intereses en juego".

Agregó que "estas filtraciones dan lugar a la conversión, más que a una información, a una manipulación, y no ocasionan ningún tipo de beneficio para el funcionamiento del Estado de Derecho".