A.M.M.-EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los procesos concursales se han multiplicado por cinco en un año en Canarias, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el primer trimestre de 2009 hubo en las Islas 33 declaraciones de insolvencia de empresas, lo que supone un 450 por ciento más que en el mismo período del año anteriores. A pesar de este porcentaje escandaloso, Canarias no es la Comunidad Autónoma donde más procesos concursales se produjeron, aunque sí una de las que más ha aumentado.
En el conjunto del Estado, durante el primer trimestre de 2009 el número de deudores concursados alcanza la cifra de
1.558, lo que supone un incremento del 266,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. Por tipo de concurso, 1.470 son voluntarios y 88 necesarios, con unos aumentos interanuales del 280,8% y 125,6%, respectivamente. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios aumentan un 329,9% y los abreviados un 218,3%.
En Canarias, de los 33 acreedores concursados, 32 fueron voluntarios y uno necesario. También del total, cinco eran sociedades anónimas y 26 eran sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
El sector de la construcción, con 11 procesos concursales sigue liderando las cifras de in solvencia en las Islas. Le sigue el sector del Comercio, con ocho, la hostelería cuatro, la industria tres y el transporte dos.
Además, la mayoría de empresas canarias que presentaron concurso de acreedores eran micropymes con menos de 50 empleados. Sólo una sociedad con más de 100 trabajadores se declaró insolvente durante el primer trimestre del año.
En la tendencia alcista prevista para 2009 jugará un papel crucial el agravamiento de la crisis y el impacto neutral, según los expertos, de la reciente reforma de la Ley Concursal, la que rige estos procedimientos y que fue aprobada por el Ejecutivo el 27 de marzo con el objetivo de favorecer la continuidad de las empresas viables.
Según el socio de Uría Alberto Núñez-Lagos la reciente reforma "no va a quitar ni poner concursos", una opinión con la que coinciden el socio de Clifford Chance Iñigo Villoria y el socio de KPMG Abogados Gonzalo Aranzabal, que sostienen que la reforma no ha introducido ningún elemento significativo para frenar este "incremento imparable" del número de concursos. En cualquier caso, el alza de las suspensiones de pagos está conllevando una fuerte pérdida de empleo. Según cálculos del REFor, que agrupa a una parte de los profesionales que se nombran judicialmente para administrar concursos, en el primer trimestre se vieron afectados 38.000 trabajadores, un 58% más que en el trimestre anterior.