LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Desde su punto de vista, ese estatus especial "nos debería dotar de los instrumentos necesarios para hacer valer nuestra posición geoestratégica dentro del Estado y de la Unión Europea como territorio ultraperiférico", incluyendo en la Constitución tres aspectos fundamentales, según enumeró: "La consideración jurídica de Canarias como Archipiélago Atlántico, con la delimitación de las aguas; la obligatoriedad de informe preceptivo -vinculante- del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del Régimen Económico y Fiscal; y el reconocimiento de la lejanía como hecho diferencial canario", reconocimiento que, junto al de la insularidad, "nos define como territorio ultraperiférico de la Unión Europea", argumentó Rivero.
El presidente isleño, que hizo esta reivindicación en el seno del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, manifestó que, treinta años después, "Canarias entiende que debe rematarse el trabajo que se inició en la transición". En tal sentido y dado que "el proceso de construcción autonómica está inacabado" (el título octavo de la Constitución da fe de esa voluntaria indefinición), "cabe animar a que no se cierren las puertas a revisiones que permitan nuevos avances", aseveró.
"Desde hace cinco años se viene hablando de reformas constitucionales que afectan a la sucesión a la Corona, a la integración en la Unión Europea, a la denominación de las Comunidades Autónomas o a la necesaria conversión del Senado en Cámara territorial", recordó.
A ellas, quizás, "podría añadirse la inclusión de los llamados derechos de nueva generación -relacionados con las nuevas tecnologías de la información- o el papel de las Cortes Generales en la autorización del envió de tropas españolas a misiones de paz en el extranjero". "Porque podemos ir más allá, vamos a ir más allá", afirmó con rotundidad Rivero.
El presidente del Gobierno de Canarias matizó que es partidario de no incurrir en precipitaciones, pero que tampoco se debe "en ningún caso, cerrar la puerta a tantas reformas como sean necesarias para que nuestra Carta Magna refleje renovada y fielmente la cambiante realidad del Estado al que pertenecemos".
Reforma del Senado. Asimismo, Rivero defendió en su intervención una reforma constitucional del Senado que lo convierta "en una Cámara verdaderamente útil de representación territorial en la que se expresen y manifiesten con fidelidad los hechos diferenciales de determinados territorios, entre los que destaca la insularidad alejada de Canarias."
Para el jefe del Ejecutivo canario, el Senado "debe convertirse en la Cámara llamada a aprobar, en exclusiva e incluso por mayoría cualificada, el sistema de financiación autonómico -que es, a la postre, el que vertebra la solidaridad interterritorial", de modo que se convierta en una Cámara "auténticamente territorial".
Rivero indicó que, echando la vista atrás hacia las tres décadas pasadas, "hoy sabemos que la convivencia de los distintos territorios que conforman el Estado impone, frente al inmovilismo o las posiciones inflexibles, una actitud dinámica, permeable a las actualizaciones que la realidad demanda", defendiendo en todo momento cambios que ayuden a la integración al tiempo que entregan a las comunidades autónomas una imagen más fiel de sí mismas y de su circunstancias.
La deuda asciende a 6.500 millones
El presidente canario, Paulino Rivero, consideró "urgente la aprobación de mecanismos que garanticen el equilibrio interterritorial y la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas". Recordó el reconocimiento por parte del Estado de la deuda histórica con Cataluña y Andalucía y reclamó igual trato para Canarias por los desfases de inversiones en las Islas. Cifró este desfase en 6.500 millones de euros y advirtió de que "moveremos cielo y tierra para que a los canarios se nos reconozca lo que nos corresponde". Asimismo, recordó que "los canarios hemos vuelto a trasladar al Ministerio de Hacienda la necesidad de compensar el déficit de recursos que el Estado destina al Archipiélago, que asciende ya, aproximadamente, a 1.200 millones de euros, entre los 300 millones que el Archipiélago entrega cada año al Estado en concepto del extinto ITE, 400 millones de déficit de inversión media estatal y 500 millones de déficit del sistema de financiación." Rivero dijo que el nuevo modelo de financiación "debe tener en cuenta la población como criterio para la asignación de recursos". "Planteamos además un incremento del fondo de suficiencia que se destine a las competencias transferidas y, como ocurre con la Sanidad, que se pondere la insularidad en el bloque de servicios sociales".
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